Si hay algo por lo que la
ministra rojita Iris Varela tiene ya ganado un lugar en la historia de
violaciones a los derechos humanos es por haber destruido lo poco que quedaba
del sistema penitenciario. Pareciera que en Miraflores le tienen profunda rabia
y rencor, y la colocaron allí con la exclusiva finalidad de violar, de manera
sistemática y reiterada, los derechos humanos de los reclusos y sus familiares.
De paso, con sus actuaciones disparatadas no hace sino violentar nuestra Constitución
de la que, por desgracia, fue una de sus redactoras.
La ministro Varela no solo ha
destruido el sistema penitenciario que los bolivarianos heredaron de la llamada
por el occiso cuarta república, sino que ahora y, como si fueran poco los males
cometidos, se ha dedicado sistemáticamente a instalar el caos en los llamados
retenes policiales, al insólito extremo de que entre el 31 de diciembre del
2014 y el 2 de enero de este año, con sus desaguisados, causó la fuga de más de
60 reclusos de los cuales solo 6 han sido recapturados.
Es decir, le mandó refuerzos al
hampa como si a estas alturas ya no deambularan por las calles suficientes
atracadores, asaltantes de quintas y apartamentos, y ladrones de cualquier
objeto de valor que esté a su alcance. De manera que entre el niño que llora y
la ministra que lo pellizca nadie concilia el sueño.
El terrible hacinamiento en los
retenes policiales es una consecuencia directa de la negligencia y
desconocimiento de la ministra penitenciaria y su equipo que decidieron, de
manera arbitraria, que para que un detenido pudiera ingresar a los recintos
penitenciarios, que es donde le corresponde estar, necesitaba una autorización
del Ministerio Penitenciario, pasando por encima de las decisiones de los
jueces que son los que asignan el sitio de reclusión.
Lo más grave es que este cupo que
autoriza el Ministerio del Servicio Penitenciario no lo otorgan porque, según
ellos, no tienen espacio. De manera que los reclusos deben permanecer en los
retenes policiales que no reúnen las condiciones para tener detenidos por mucho
tiempo a tanta gente.
El Ministerio del Servicio
Penitenciario no ha logrado entender que los retenes policiales son sitios
transitorios en los que no deberían pasar más de 48 horas y de allí ser
enviados a los recintos penitenciarios.
Los retenes policiales no reúnen
ninguna condición básica para albergar reclusos, comenzando porque ni siquiera
hay una cocina en la que poder darles alimentación a los que allí se
encuentran, o espacios de recreación, una flagrante violación a los derechos humanos
de los presos ante la complicidad de los funcionarios del Estado.
Si analizamos que Iris Varela, de
manera inconsulta, ha cerrado seis recintos carcelarios, pero no ha abierto
ninguno, a pesar de los ofrecimientos constantes de inauguración de nuevos
retenes, podemos entender la magnitud del problema así como la gran
irresponsabilidad de la ministra en todo este conflicto que, en vez de
solucionarse, empeora cada día.
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