1. ¿Por qué todos recuerdan El
Caracazo y nadie el aumento de la gasolina de Caldera? A la hora de preguntarse
si las condiciones están dadas para subir el precio de la gasolina, la
respuesta puede ser el popular “la masa no está pa’ bollo”. Sin lugar a dudas,
eso aplica para este año, mientras el Gobierno aún se pasea extintor en mano
tratando de apagar las “candelitas” que a cada tanto se encienden en las
principales ciudades del país, pero también ha aplicado para cada año de la
última década y media.
¿Puede incrementarse el precio de
la gasolina si la mecha está encendida?
El último incremento en el
importe de los combustibles fue a finales de los noventa y no fue aislado. Es
necesario recordar que aquel aumento formó parte de un conjunto de ajustes que
aplicó el gobierno de Rafael Caldera en su segundo período para minimizar su
potencial impacto social y llevar el precio de la gasolina y el diésel
automotor a un nivel que pudiera cubrir los costos de producción y, de paso,
dejar una ganancia razonable a los intermediarios, quienes habían comenzado a
florecer al surgir nuevas oportunidades de negocios en el mercado interno.
En esa década todavía era una
novedad que en las estaciones de servicio proliferaran nombres de empresas
transnacionales como Mobil, Texaco y Shell o
firmas como Trébol o Llanopetrol, conformadas por empresarios locales
que hicieron uso de la Ley de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y
Otros Combustibles promulgada en 1998 para compartir el negocio con la estatal
Petróleos de Venezuela (PDVSA) en calidad de mayoristas.
Sin embargo, la Ley de Apertura
del Mercado Interno no removió la potestad del Ejecutivo para fijar los precios
de venta, de manera que el nuevo modelo se limitó a introducir participantes a
la cadena de comercialización de los combustibles, que desembolsaron capital
para dinamizar y modernizar las estaciones y el servicio de transporte, pero
sin dejar de depender de PDVSA y el Estado para su toma de decisiones.
Caldera autorizó la aplicación de
estos ajustes hasta que comenzaron a pasar simplemente desapercibidos, algo
especialmente curioso si se recuerda que el precio se multiplicó por 10.
Seguramente usted no los recuerda ni haya escuchado hablar sobre oleada alguna
de protestas contra esa política, aunque es necesario acotar que efectivamente
se trató de un período de elevada inflación, principalmente derivada de la
devaluación de la moneda.
Una de las claves del éxito fue
garantizar una diferencia importante de precios respecto al diésel automotor,
cuyo precio final representaba la mitad del precio de la gasolina y era el
insumo ideal para el transporte carga. Eso permitió (y probablemente también lo
haría ahora) amortiguar el impacto de los aumentos sobre el precio final de los
alimentos y también sobre el transporte público, cuyas unidades privilegiaron
el uso de diésel al de gasolina.
En resumen: nadie se acuerda de
los aumentos de Caldera, pero todo el mundo se acuerda vivamente, eso sí, de El
Caracazo. Y décadas después estos episodios han pasado a simplificarse tan
olímpicamente en la mente colectiva que muchos afirman sin bemoles que el
aumento de la gasolina provocó la salida del pueblo a la calle y los saqueos.
Algo similar sucede al afirmar ahora que la detención de Leopoldo López es lo
que está causando que muchos salgan a protestar contra el Gobierno de Nicolás
Maduro.
La inconformidad se va gestando
hasta un punto de intolerancia y la toma de decisiones políticas adversas o
controversiales en medio de esos caldos de cultivo puede producir un detonante.
¿Pero lo haría ahora?
2. ¿Qué ha cambiado desde
entonces? Escuchar a los funcionarios de un Gobierno socialista que ha
multiplicado sin freno los subsidios hablar abiertamente de la imperiosa
necesidad de aplicar un ajuste de precios a los combustibles, que ya acumulan
16 años de congelación haciendo a Venezuela el país con la gasolina más barata
del mundo, dice mucho.
Rafael Ramírez, ministro de
Petróleo y presidente de PDVSA, reveló hace poco los números que están detrás
de los onerosos subsidios a los combustibles, dejando al auditorio perplejo.
Los cálculos de economistas y periodistas se habían quedado cortos: se requiere
multiplicar 28 veces el precio de un litro de gasolina y 50 veces el diésel
solo para cubrir los costos de producción.
Y Ramírez no llegó a mencionar
otros subsidios groseros a los energéticos en Venezuela, que van desde el gas
natural residencial, comercial e industrial, pasando por el gas licuado de
petróleo (GLP) que se expende en bombonas para cocinar, pudiendo llegar hasta
las maltrechas tarifas eléctricas.
PDVSA ya no percibe ni un céntimo
por esas ventas al mercado interno, pues en la mayoría de los casos los
intermediarios de la cadena de comercialización se quedan con la totalidad de
los ingresos para cubrir una parte de sus costos de funcionamiento y en el
resto el combustible es entregado a cambio de otras formas de energía, como
ocurre entre PDVSA y Corpoelec.
No está entendiendo mal. Usted
mismo lo puede simplificar así: PDVSA ya no nos cobra la gasolina, ni el diésel
ni el gas doméstico y, de paso, le paga un monto mensual a transportistas y
expendedores para que puedan procurarles estos combustibles a usted.
Y estamos hablando de 618.000
barriles por día de combustibles (de los cuales son 299.000 bpd de gasolinas y
254.000 bpd de gasóleos para autos y plantas eléctricas) que se tragó el
mercado interno el año pasado, según los números preliminares que el Ministerio
de Petróleo entregó hace pocos meses atrás a la Asamblea Nacional en su Memoria
y Cuenta.
La demanda sigue creciendo, a
cuentagotas pero sin detenerse, todos los años. Venezuela representa el tercer
mercado interno que más combustibles consume en Latinoamérica, después de
Brasil y México. Y no es necesario hablar del número de habitantes que tienen
esos países para darse cuenta que en términos per cápita Venezuela tiene una
garganta profunda.
Lo que ha cambiado, casi 16 años
después del último aumento de la gasolina, es que el subsidio a los energéticos
se ha convertido en una bola de nieve que avanza a toda velocidad colina abajo,
haciéndose más grande, más pesada e indetenible.
Al recibir en efectivo sólo dos
tercios del crudo y los derivados que exporta, debido a los intercambios y
financiamientos previstos en los convenios con China, Petrocaribe, Cuba,
Argentina y el Acuerdo Energético de Caracas, PDVSA tiene crecientes y serios
problemas de flujo de caja que podría aliviar un poco si ajustara el precio
interno de los combustibles. Y vaya que lo necesita.
3. El derecho de nacer. Entendido
esto, los venezolanos normalmente se derivan en dos posiciones. Por un lado
están quienes consideran que disfrutar de una gasolina (ya no barata, sino
regalada) es un derecho inalienable de nacimiento que deben conservar hasta su
muerte bajo cualquier circunstancia política y económica del país. Y por el
otro están quienes dicen que aceptarían una ajuste si y sólo si PDVSA primero
corta todos los subsidios, regalos, financiamientos, ayudas, intercambios y
trueques con otros países. Pero ambas posiciones tienen características que,
siendo pragmáticos, dificultan estar de acuerdo con alguna de las partes.
El derecho del ciudadano a
compartir los beneficios de una empresa petrolera de la cual es accionista no
sólo debe aplicar para las vacas gordas, sino también para las flacas. Y éste
es un momento de obvia desventura para PDVSA. La visión de una empresa petrolera
que nadaba en billetes verdes y transfería esa riqueza a los venezolanos para
crear la Venezuela saudita de finales de los 70 y principios de los 80 es ahora
una mera ilusión. Así como vinieron esos beneficios, se licuaron. La
multiplicación de pesadas cargas económicas y políticas sobre la estatal no ha
hecho más que dejarla a merced de los intereses del Gobierno de turno, sin una
visión comercial de largo plazo que permita garantizar en el tiempo su
estabilidad.
En forma directa e indirecta,
miles de personas se benefician de las misiones y programas sociales de PDVSA,
pero la forma en la que ahora se percibe y se distribuye la renta petrolera
condiciona las transferencias a criterios políticos, propiciando a su paso la
opacidad y la corrupción. Acceder a la renta es ahora un privilegio limitado y
no un instrumento de modernización de país. De manera pues que PDVSA no está en
posición de seguir soportando el peso de subsidios de la magnitud de los que
existen en Venezuela.
Y tampoco está en posición de
soportar ya más los subsidios externos. El mecanismo acordado para los onerosos
préstamos del Gobierno con China benefician al Estado, pero perjudican
enormemente a PDVSA, que queda atada de manos para poder pagar oportunamente a
sus proveedores, al no contar con suficientes divisas y tener que rendir las
que le quedan para ser liquidadas a través de todos los sistemas cambiarios que
ha ideado la quinta república desde que restringió por primera vez el libre acceso a las divisas en el año 2003,
un mecanismo que ha demostrado ser inútil para evitar la fuga de capitales y
que tiene como fuente de dólares una sola empresa: PDVSA.
Desentrañar la madeja de
convenios que se ha tejido en 15 años tomará tiempo y un gran esfuerzo, pues en
este punto Venezuela no cuenta con una fila de empresas y bancos
internacionales dispuestos a prestarle dinero. Y seguramente antes de que sea
posible saber cuánto debe PDVSA o cómo podría sanear sus cuentas, será
imperioso incrementar el precio de los combustibles ya no por la supervivencia
de una empresa, sino de la economía de un país. Antes o después, es una medida
inevitable.
Las soluciones fáciles hace
tiempo se acabaron. Venezuela es un país rico solo en teoría. Y los venezolanos
deben acostumbrarse a pensar que aun “nadando en petróleo”, como algunos dicen
que estamos, los energéticos tienen un costo que hay que pagar.
Por Marianna Párraga | 20 de
mayo, 2014
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