Las reformas policiales
intentadas en los últimos quince años fueron decididas en reacción a escándalos
públicos, con magros resultados. Ahora, el comisionado para esta tarea es el
inspector Bernal
El presidente Nicolás Maduro
designó al diputado e inspector jubilado de la extinta Policía Metropolitana
Freddy Bernal para encabezar la Comisión para la Transformación del Sistema
Policial, una instancia que según el propio mandatario tendrá la finalidad de
“revolucionar” a los cuerpos de seguridad ciudadana.
Esta decisión es una consecuencia
directa de la operación ejecutada por la policía judicial en el edificio
Manfredir de la avenida Sur 4 el 7 de octubre, que arrojó un saldo de cinco
muertos, entre ellos los líderes del Frente 5 de Marzo (una plataforma de
colectivos que opera desde la antigua sede de la PM) y del colectivo Escudo de
la Revolución.
En medio de una fuerte presión
por parte de los grupos armados, Maduro removió al ministro de Relaciones
Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Los rumores sobre la
destitución de la directiva de CICPC no han cesado, aunque han amainado.
Mientras tanto, seis agentes de ese organismo son solicitados por los
homicidios, tras imponerse la tesis de que ese día no hubo un enfrentamiento
sino ejecuciones extrajudiciales.
En la Venezuela actual, lo
escandaloso de esto no es precisamente el número de muertos a manos de
policías, sino que las supuestas víctimas formaban parte de las agrupaciones
que desde el mandato de Hugo Chávez han sido fomentadas por el propio Ejecutivo
para defender el proceso político. En la semana previa al tiroteo en Manfredir
18 personas habían fallecido como consecuencia de supuestos enfrentamientos con
efectivos de CICPC, y en ningún caso la Fiscalía se movió con la misma diligencia.
El nombramiento de Bernal marcó
entonces el inicio del tercer proceso de transformación de los cuerpos
policiales del país a partir de 1999. En todos los casos, el Ejecutivo ha
actuado en reacción a situaciones escandalosas, que de alguna manera le
ocasionaban desprestigio.
En abril de 2006, Chávez designó
a la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol) como una
consecuencia directa de la matanza de tres estudiantes de la Universidad Santa
María en el sector Kennedy de Macarao, ocurrida en junio de 2005, y el
posterior secuestro y asesinato de los hermanos Faddoul Diab en marzo de 2006.
En ambos casos los autores materiales eran funcionaros policiales activos,
respectivamente de CICPC y de la PM.
Un año después, la Conarepol
presentó un documento de 19 páginas con recomendaciones que aún no han sido
transformadas en hechos según el criterio de uno de los miembros fundadores de
ese grupo, el criminólogo y profesor universitario Andrés Antillano.
En mayo de 2011 otro escándalo
involucró a la policía judicial. Tres hombres murieron en los calabozos del
Departamento de Aprehensión (antigua División de Capturas) ubicado en El Rosal.
Las muertes pusieron sobre el tapete la terrible situación de hacinamiento que
vivían entonces los detenidos en esa instalación, lo que además abonaba el
terreno para todo tipo de corruptelas.
Al mes siguiente, el Gobierno
decretó la reestructuración de la policía judicial. Para ello nombraron una
comisión que estudiaría la situación de ese cuerpo y haría las recomendaciones
del caso. A propósito de este proceso, CICPC ha tenido algunos cambios
cosméticos, pero la situación de fondo se mantiene. La “refundación” de la
institución tomó nuevo impulso en agosto de 2013, con un decreto presidencial.
A partir de ese momento, el liderazgo del proceso fue encomendado a los
directivos del cuerpo. Pero ha sido inútil. Incluso, el hacinamiento de
detenidos se ha extendido desde el inmueble de El Rosal hasta todas las
oficinas de la policía de investigación.
El aprovechamiento de los
escándalos para generar procesos de cambio en las instituciones policiales no
es nuevo ni exclusivamente venezolano. Lawrence Sherman (1978) lo observó en un
estudio sobre la influencia de estas situaciones en la policía de Nueva York.
Una de las conclusiones de su investigación fue que los escándalos suelen
ocasionar realineaciones en las estructuras de poder de los cuerpos policiales,
y que esas nuevas estructuras son más inestables que las precedentes. Esto no
necesariamente es malo o contraproducente. Lo importante, indicó, es que las
decisiones que dan origen a esas modificaciones estén basadas en información
precisa, algo que a veces es muy difícil de obtener en tales instituciones.
Ahora, le toca a Bernal. A
diferencia de las dos reformas anteriores, se trata de un operador político
surgido del ambiente policial. Su primera decisión fue nombrar cinco comisiones
para hacer un nuevo diagnóstico de los cuerpos de seguridad ciudadana. En esa
inestabilidad, uno de los grandes ganadores será nuevamente la Guardia
Nacional, que no será tocada por las decisiones del comisionado en virtud de
ser un componente militar, aún cuando toda su actividad se despliega
prácticamente en el ámbito policial.
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| Una nueva tarea para el Inspector. |
Otro detalle es que Bernal ha
asumido la vocería de los procesos de asistencia técnica e intervención de las
policías municipales y estatales, algo que anteriormente hacían los
viceministros de Seguridad Ciudadana y del Sistema Integrado de Policía.
¿Podrá Bernal hacer algo distinto
que lo realizado por las comisiones que lo precedieron en la tarea? Los
miembros de la Conarepol en su mayoría gozaban de credenciales académicas pero
tenían escaso ascendente sobre las instancias políticas de decisión. Algo similar
ocurrió con la comisión reestructuradora de CICPC. Ahora sucede lo contrario:
un hombre surgido de las filas del Psuv intentará llegar a ese objetivo, y está
en el proceso de buscar a las mentes esclarecidas que lo ayuden. Empezó mal, al
plantearse que al terminar su trabajo las policías venezolanas serán
“revolucionarias” y “bolivarianas”. Lo que necesitamos en realidad son cuerpos
uniformados y técnicos que sepan hacer su trabajo en el marco que imponen las
leyes. Con solo eso el país se dará por satisfecho.
Breves
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| Detenida luego de una "colita" |
*Peculado de uso. El artículo 54
de la Ley contra la Corrupción, vigente desde el 7 de abril de 2003, establece
penas de 6 meses hasta 4 años de prisión para el funcionario público que “en
beneficio particular o para fines contrarios a los previstos en las leyes,
reglamentos, resoluciones u órdenes de servicio, utilice o permita que otra
persona utilice bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo
público”. Desde la última entrega de esta columna funcionarios públicos
venezolanos se han visto involucrados en escándalos internacionales que, si
tuviésemos una Fiscalía diligente, hubiesen dado pie a averiguaciones por este
delito. El primero involucra al actual ministro para las Comunas y ex canciller
Elías Jaua. Comenzó el 24 de octubre con la detención en el aeropuerto de Sao
Paulo de Jeanette Anza, quien se identificó ante los policías aduaneros de ese
terminal como niñera al servicio del importante funcionario. Llevaba un maletín
en el que descubrieron un revólver calibre 38 Smith & Wesson y sus
municiones. Al ser interrogada, dijo que el arma pertenecía a Jaua.
Posteriormente, él mismo se encargó de corroborar esta información en una carta
enviada a las autoridades que investigan el caso. Uno podría reflexionar muchas
cosas acerca de la doble moral oficialista con respecto al desarme. Pero aquí
se pondrá el acento sobre otro aspecto de este caso, y es que la mujer había
viajado para acompañar a la esposa del ministro, Natacha Castillo, su mamá y un
hijo de la pareja en un jet de Petróleos de Venezuela, pues según la prensa
brasileña Castillo está en tratamiento en el hospital Sirio Libanés. Es decir,
fue usada por lo menos una aeronave de la estatal petrolera, combustible y personal
aeronáutico para llevar a la familia del ministro a tratar un asunto totalmente
doméstico. Como si eso no bastara, luego se conocieron las fotos que la propia
nana había colocado en su cuenta Facebook, a propósito de sus visitas a otros
lugares del mundo. ¿Fueron también producto de estas nuevas “colitas” de Pdvsa?
La pregunta es totalmente legítima. Pero este no es el único caso de uso
discrecional de los bienes del Estado. Gracias a otro escándalo nos enteramos
que los diplomáticos venezolanos destacados en Colombia también lo harían. En
la madrugada del sábado 1 de noviembre, el colombiano Aníbal Tapia, hijo de una
funcionaria de la embajada de Venezuela en Bogotá, fue el supuesto responsable
de un accidente que ocasionó un muerto y catorce personas lesionadas. El hombre
de 26 años de edad iba al volante de un BMW con placas diplomáticas
venezolanas, luego de una noche de copas. Es decir, el vehículo (o lo que queda
de él) es un bien nacional. Un comunicado del Gobierno indicó que Tapia
supuestamente tomó el auto de manera “arbitraria e inconsulta”. Una versión
poco creíble, hecha a la medida precisamente para desligar al servicio
diplomático de este bochorno. Lo peor es que nadie dentro del propio Ejecutivo
alce la voz para señalar lo que ya parece una práctica reiterada.
*La “guerra al contrabando y la
especulación” se ha prestado para extorsiones de todo tipo. Un ejemplo
reciente: el 29 de octubre a las 9 am, una comisión del Servicio Bolivariano de
Inteligencia (Sebin) se presentó a fiscalizar a un distribuidor de alimentos en
San Fernando de Apure. Algo de por sí extraño para la policía política. Los
tres agentes no tenían uniforme. Solo una chapa ilegible. El empresario tenía
sus documentos en regla, así como la mercancía en existencia. Antes
de irse, los funcionarios advirtieron que iban a llevarse preso a un familiar
del comerciante en virtud de un procedimiento previo. Esto dejó entrever las
verdaderas intenciones de los policías. La primera suma mencionada para “dejar
eso así” fue Bs 200.000. Luego de minutos de negociación la bajaron a Bs
100.000. Pero luego uno de los funcionarios volvió a subirla hasta Bs 150.000.
La negociación no se concretó en ese momento, pues nada garantizaba que el pago
de semejante suma daría tranquilidad a los propietarios de la empresa.
*Ha transcurrido más de un mes
desde la operación policial en el edificio Manfredir de la avenida Sur 4. A
pesar de los incesantes rumores, la directiva de la policía judicial sigue
intacta. Los cambios tan rumorados no se concretan mediante resolución en Gaceta
Oficial. Los colectivos han cesado su exigencia pública de nuevas
destituciones. Aparentemente, estarían satisfechos con la salida del general
Miguel Rodríguez Torres del gabinete, y la designación del diputado Freddy
Bernal para encabezar la “revolución policial”. Quizá incluso les convenga más
tener un cuerpo de investigación cooptado por el miedo. El mensaje para los
comisarios Sierralta, Rico y el resto de la directiva sería en la actualidad:
“No te resbales otra vez”. CICPC claramente ha disminuido su despliegue
operativo, con respecto al ritmo que tenía antes del 7 de octubre, cuando sus
agentes ultimaron al líder del Frente 5 de Marzo, el sargento jubilado de la PM
José Miguel Odreman. Y la almirante Meléndez todavía no se ve asentada en su nueva
función.
*El 6 de noviembre, el abogado
penalista Alonso Medina Roa solicitó ante el tribunal que sigue la causa contra
Lorent Saleh que se identifique plenamente al pirata informático que, actuando
supuestamente por encargo del anterior titular del MRI, Miguel Rodríguez
Torres, grabó una conversación vía Skype con el estudiante, mientras se
encontraba clandestino en Colombia. El hacker, basado en una relación previa
con Saleh, lo convenció de que podía aportarle una importante suma en dólares
para la adquisición de armamento. Los diálogos fueron grabados y presentados
como prueba por la Fiscalía. Medina Roa aparentemente conoce el nombre de este
“patriota cooperante”, cuya identidad está siendo protegida por la jueza de
control y el Ministerio Público. Una investigación privada sobre este caso
concluyó que el verdadero interés de Saleh era quedarse con el dinero que le
enviaran, y no la compra de armas para fomentar una revuelta en el país. El
tiro le salió por la culata.
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| De una suite a una celda |
*Agentes de la División contra la
Delincuencia Organizada de la policía judicial detuvieron al ingeniero
industrial venezolano Marcial Antonio García Montiel junto a Hebert Rivera
Berbesí, ambos respectivamente de 48 años y 29 años de edad. El procedimiento
se llevó a cabo en una lujosa habitación del hotel Chacao Suites, donde el
primero de ellos se alojaba. Los policías lo seguían pues él supuestamente se
hacía pasar por representante de una Gran Misión A Toda Rueda Venezuela. Entre
la documentación incautada hay un nombramiento supuestamente firmado por el
presidente Nicolás Maduro, que lo acreditaba para esa representación; una
credencial de la Unidad de Defensa Nacional e Internacional de los Derechos
Humanos; comisario de la Policía Municipal de Macanao; comisario del Ceofanb, y
una tarjeta de presentación de la empresa Kasutai. Este caso se las trae.
García Montiel fue señalado en Panamá por ser el supuesto orquestador de un
esquema de estafa ponzi, hecho a través de la referida firma, que ofrecía intereses
exorbitantes por inversiones en “cupos de petróleo”. En 2012 había sentado base
en Perú, tras erigirse en presidente de la Cámara de Comercio e Industria del
Mercosur. Con este prestigio, supuestamente engatusó a numerosos inversionistas
en el país suramericano. Después volvió a Venezuela. Su acompañante, por
cierto, tenía tarjeta de presentación como presidente de Kasutai.
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