La meseta electoral del último año no ha servido para que los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) mejoren la percepción que los ciudadanos tienen de la institución. Según el estudio cuantitativo sobre las Percepciones ciudadanas del Sistema Electoral [1], conducido por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, el 56,5% de los electores desconfían en algún grado del organismo que debe garantizar que la resolución de los conflictos políticos y de poder se diriman por la vía del voto.

1. ¿La desconfianza es exclusiva de la oposición? De la lectura inicial de los resultados del estudio se podría suponer que las personas que tienen una percepción negativa sobre el CNE se limitan exclusivamente a los electores con simpatías hacía la oposición venezolana. No obstante, los cruces de variables demuestran  que la desconfianza no es exclusiva de quienes se autodefinen como opositores, aunque como resultará evidente éste es el segmento que peor evalúa al Poder Electoral.

En concreto: 21,1% de los ciudadanos que se autodefinen como chavistas desconfían del organismo comicial, percepción que comparten  61% de quienes se dicen independientes y 86,5% de las personas que se catalogan como no chavistas.

En términos globales la autonomía del CNE polariza a los ciudadanos al extremo que el 49% de los electores considera que el árbitro no es autónomo, mientras que 50,9% confía en la independencia de sus decisiones. No son distintos los resultados cuando se valora la imparcialidad del organismo comicial: para 49% el árbitro no es imparcial, mientras un 51% avala el equilibrio de sus decisiones.

Si se evalúan en conjunto ambas cualidades del organismo, tres de cada cinco electores cuestionan la imparcialidad o la autonomía del árbitro. Si estas variables se analizan por la intención de voto (reconocida por los encuestados) durante la elección presidencial del año 2013, la teórica desconfianza en el CNE sigue alcanzando a un segmento de las personas que apoyan a la Revolución Bolivariana. En concreto: tres de cada 10 ciudadanos que reconocen haber votado por Nicolás Maduro consideran que el organismo comicial no es imparcial o autónomo, una apreciación que es compartida por nueve de cada 10 ciudadanos que aseguran haber sufragado a favor de Henrique Capriles Radonski.

Si se comparan los resultados de este estudio con los datos de la encuesta sobre confianza en el sistema electoral, realizada en julio del año 2013 [2], no existen mayores diferencias. Entre las conclusiones del anterior análisis se indicaba que “el CNE es percibido por una parte importante del país, no como el árbitro de la contienda electoral, sino como un jugador más cuyas decisiones no son independientes, sino que están condicionadas políticamente”.

2. ¿Se respetan los resultados electorales en Venezuela? Aunque esta variable no es responsabilidad exclusiva del CNE, genera un impacto importante en la percepción que los ciudadanos tienen de la institución y en la valoración que realizan sobre el poder del voto como mecanismo de resolución de conflictos.

Como sucede con otros elementos que se evalúan ante la opinión pública, el respeto a los resultados polariza a los ciudadanos. Según el estudio del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, el 17,8% de los ciudadanos se muestran “muy en desacuerdo” cuando se afirma que el Gobierno respeta los resultados de las elecciones, mientras 32% está “en desacuerdo” con la misma afirmación. No obstante, hay un 15,9% que dice estar “muy de acuerdo” y un 33,9% está “de acuerdo” en que se acata la voluntad popular. Si se agrupan las respuestas, para 50,2% de los ciudadanos no se obedecen los resultados, mientras que 49,8% discrepa de esta postura.

Al analizar esta variable por intención de voto manifiesta en 2013, se descubre que 22% de las personas que dicen haber sufrago por Nicolás Maduro consideran que en Venezuela no se respetan los resultados electorales. No obstante, no queda claro si esta percepción está orientada a la actuación del Gobierno Nacional o si se trata de la crítica a las denuncias de fraude esgrimidas por la oposición venezolana. En el caso de quienes dicen haber votado por Capriles Radonski la tendencia es mucho más clara: ocho de cada 10 ciudadanos consideran que en el país no se acata la voluntad popular.

3. ¿Los ciudadanos reconocen el desequilibrio electoral? Según el estudio de la UCAB, el control que ejerce el CNE sobre las actividades de los partidos y sus candidatos no convencen a los ciudadanos. Al extremo que para  el 63% de los consultados las condiciones en las que se celebran las campaña son inequitativas, porque los aspirantes que adversan al Ejecutivo Nacional no tienen las mismas oportunidades ni los mismos recursos que los candidatos del Gobierno. Es una percepción compartida por 32,8% de las personas que se definen como chavistas, cifra que se duplica en el caso de los independientes y alcanza a 88% de los ciudadanos que se dicen opositores.

La percepción que tienen los venezolanos sobre el control del CNE sobre las cadenas presidenciales (cuando son utilizadas para proselitismo político) refleja a la perfección el rechazo al ventajismo: para 63% de los ciudadanos es incorrecto que las autoridades comiciales no sancionen el uso de las cadenas presidenciales con fines electorales. Por otra parte, las tres categorías básicas de delitos electorales durante la campaña son ampliamente reconocidas por los electores: 8 de cada 10 ciudadanos aseguran haber presenciado al menos una de las siguientes violaciones a la norma: Autoridades del Estado obligando a votar por un partido político (50% asegura ser testigo de esta irregularidad); colocación de propaganda electoral en las instituciones del Estado (62% de los ciudadanos dice haberlo presenciado); y uso de automóviles oficiales para movilización de electores (68% asegura haberlo presenciado).

Para la mayoría resulta evidente que las campañas son desequilibradas y que, en consecuencia, existe un amplio acuerdo en que deben sancionarse los ilícitos electorales. Con esta idea concuerdan 8 de cada 10 electores.

4. ¿Se avala la sobre-representación de mayorías? La adopción de un sistema electoral mixto mayoritario en Venezuela, a pesar de que la Constitución Nacional establece un sistema de representación proporcional, es rechazado abiertamente por los electores.[3] De hecho, 2 de cada 3 venezolanos cataloga como injusta a la normativa electoral que facilitó que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuviera 60% de las curules de la Asamblea Nacional en 2010, a pesar de sólo capitalizar 48% del voto.

Esta ilegitimidad de origen afecta la valoración que se hace de la Asamblea Nacional. De hecho, entre quienes piensan que la normativa para asignar escaños en el Parlamento es injusta la desconfianza en el Poder Legislativo se dispara: 4 de cada 5 ciudadanos desconfían de la Asamblea Nacional, mientras que entre quienes consideran que las normas de distribución de escaños son justas las desconfianzas sólo afecta a 1 de cada 5 electores.

5. ¿Partidos y FANB son cuestionados? La valoración que se hace del trabajo de los partidos políticos también termina afectando al CNE, porque los ciudadanos discrepan del uso de los recursos públicos para las campañas, una actividad de control que recae en los rectores del organismo comicial. En este sentido, 2 de cada 3 electores sostienen que las organizaciones políticas, tanto de oposición como oficialistas, utilizan ilegalmente el dinero público para financiar sus campañas. Y para corregir este problema, casi la mitad de los ciudadanos (49,5%) cree que todos los candidatos deben recibir financiamiento público para realizar sus actividades y participar en los distintos procesos electorales.

Con relación al desempeño de las organizaciones políticas (de oposición y pro-gobierno), la mayoría de los ciudadanos tiene una valoración que oscila entre regular y muy mala. En el caso de los partidos de oposición, un 61,4% considera que su desempeño durante los procesos electorales es negativo, una opinión que comparten 58% de los electores en el caso de los partidos que integran al Polo Patriótico.

En el caso concreto de la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en teoría subordinada al CNE durante la celebración de las elecciones, al menos la mitad de los ciudadanos dudan de la imparcialidad del Plan República.

Según el estudio del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, el 53% de los ciudadanos tiene algún grado de desconfianza en el estamento militar venezolano. Esta desconfianza se trasladada al plano electoral y provoca que sólo 51% de los electores considere que los efectivos militares son imparciales en sus actuaciones, mientras el resto de los ciudadanos desconfía de su independencia al punto que para 48% la FANB favorece al Gobierno Nacional.

De hecho, existe un rechazo importante a la participación de la FANB en actividades proselitistas. Esta opción es rechazada por 6 de cada 10 ciudadanos, mientras sólo un tercio de la población dice estar muy de acuerdo con que los efectivos militares participen directamente en actividades proselitistas.

6. ¿Hace bien el CNE en limitar la observación nacional e internacional? El cuestionamiento desde el CNE a la actividad que desempeñan los observadores internacionales en las elecciones no es compartida por la mayoría de los ciudadanos. Según el estudio de “percepciones ciudadanas sobre el sistema electoral”, 4 de cada 5 ciudadanos valoran positivamente a las organizaciones que realizan procesos de veeduría comicial por su utilidad en las elecciones.

El estudio refleja que las misiones internacionales cuentan con el apoyo de 68,5% de los ciudadanos, mientras que las actividades de contraloría comicial de organizaciones nacionales reciben el apoyo de 64,4% de los electores.

Aunque podría suponerse que el principal aval a la observación internacional proviene de las personas que se autodefinen como opositoras el estudio sugiere que en este grupo la valoración positiva corresponde sólo a 50% de los ciudadanos. En el caso de quienes se dicenindependientes, hasta 61% consideran como útiles los procesos de veeduría internacional, mientras que entre quienes se autodefinen como chavistas la aceptación sube hasta 82%.

7. ¿Los electores piensan que el voto es secreto? El secreto del voto sigue siendo el gran condicionante de los resultados electorales en el país.

Aunque técnicamente sea imposible descifrar por quién votan los venezolanos, una porción muy importante se enfrenta a las máquinas de votación con la creencia de que el paso previo por los equipos de identificación biométrica (captahuellas) permitirá develar por quién van a sufragar.

La polarización en este tema es evidente. Mientras 49% confía en el secreto del voto, el resto de los electores manifiesta algún grado de temor: un 37% está convencido de que las captahuellas permiten que se sepa por quién votaron y 14% cree que existe la posibilidad que los equipos de identificación biométrica delaten por quién sufragaron. Y cuando se analiza este temor por autodefinición política, la percepción de que el voto no es secreto alcanza a 30% se quienes se identifican con el oficialismo y se duplica en el caso de los independientes (56,7%) y de los opositores (67%)

Por otra parte, si se analiza esta percepción por la intención de voto manifiesta en la presidencial del año 2013, los resultados varían muy poco. El 34% de los electores que aseguran haber votado por Nicolás Maduro creen que el voto no es secreto al igual que 66,7% de las personas que declaran haber votado por Henrique Capriles Radonski.

8. ¿Vale la pena votar en elecciones organizadas con el actual CNE? En términos generales, 6 de cada 10 ciudadanos consideran que se puede sufragar a pesar de que no se considera al CNE imparcial o se crea que los resultados electorales no serán respetados. Esta aparente contradicción encuentra su explicación en el hecho que para 7 de cada 10 ciudadanos “el voto puede producir los cambios políticos que necesita el país”.

Sin embargo, si se depura un poco más la variable de valor del voto se encuentra que 71% de las personas que dicen haber votado por Henrique Capriles Radonski dudan que las elecciones ayuden a solucionar los conflictos políticos del país pacíficamente, opinión que apenas comparten 20% de los ciudadanos que dicen haber sufragado en apoyo a Nicolás Maduro.

En conclusión, la desconfianza en el CNE se basa en elementos mucho más concretos que la denuncia de fraude en la elección presidencial del año 2013. Los electores, en su mayoría, reclaman mayor control sobre las campañas electorales y el uso de recursos públicos, sancionar el uso de las cadenas presidenciales para realizar proselitismo político, la aprobación de normas de distribución de escaños más proporcionales; comportamiento institucional de la FANB y presencia de observadores nacionales e internacionales.

El secreto del voto puede convertirse en el gran motivador de confianza en el organismo. Cierto es que técnicamente es imposible develar por quién sufraga un elector. No obstante, se antojan tímidos los esfuerzos del organismo comicial por eliminar esta creencia del votante. Una creencia que, por cierto, fue alimentada inicialmente por la oposición aunque ahora sean el Gobierno y sus candidatos quienes se beneficien de ella.

Por Eugenio G. Martínez, 5 de noviembre 2014.