FUENTE CRIMENES SIN CSTIGO  El año pasado cerró en Venezuela con un repunte en los delitos violentos más importantes, como el homicidio, el secuestro y el robo de vehículos. Esta aceleración de la criminalidad coincidió con la entrada en el ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la actual titular, Carmen Meléndez. Es posible que al hacer un balance general los totales de algunos rubros como el secuestro tuviesen una disminución con respecto a 2013. Pero lo llamativo en esto es que actividades criminales que parecían “neutralizadas” de repente mostrasen un estallido.

En el caso del secuestro, por ejemplo, la aceleración entre noviembre y diciembre fue superior al 20% con respecto al ritmo de casos denunciados que mostró el resto del año. Esto nos dice mucho del reagrupamiento de organizaciones criminales, y el aprovechamiento ya descarado de áreas en las que se produjo una cesión de autoridad por parte del Estado, como son las llamadas “zonas de paz”. El alcalde de Baruta Gerardo Blyde advirtió este repunte del secuestro en recientes declaraciones, y explicó que uno de los factores ha sido el escape de detenidos en retenes policiales. Solamente en diciembre fueron reportados 107 en todo el país. La verdadera Cayapa.

Así entramos en 2015.

El ránking asomado por el Observatorio Venezolano de la Violencia indica que Venezuela sería el segundo país del mundo en cuanto a tasa de homicidios, solo superado por Honduras. Un centro de estudio (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal) estableció que la criminalidad en Caracas solamente es superada por la de San Pedro Sula, una ciudad al sur del referido país centroamericano en la que el delito organizado hizo una especie de gran caleta de drogas, generalmente enviadas desde aquí.

Esto nos habla de la constante actividad del delito organizado en Venezuela.

En el país la criminalidad violenta es de tal magnitud que el ciudadano pierde la capacidad para apreciar los matices, los pequeños cambios que se van produciendo en la actividad delictiva. Todo tiende a parecerle igual, y hasta cierto punto normal.

En estas líneas se observará solamente un aspecto de la criminalidad, que dice mucho de los momentos que vivimos y probablemente viviremos en el país. Se refiere al robo de alimentos.

Hace seis años, en medio del efecto riqueza ocasionado por los altos precios del petróleo, los alimentos eran robados solo de vez en cuando como parte de la actividad de piratas de carretera. Los sujetos interceptaban camiones con mercancías que consideraban se podían revender en comercios cómplices o a través de la buhonería. No solo eran alimentos. También medicinas, herramientas, ropa y una larga lista de bienes.

Desde 2014, con la agudización de la escasez, comenzamos a apreciar que la actividad de los antisociales puso énfasis en la obtención de bienes que difícilmente se encontraban en los anaqueles de los comercios formales. Los habitantes de la parroquia Sucre de Caracas, especialmente los que frecuentan las calles Argentina, Colombia y Bolívar de Catia, han sido testigos de este cambio. Primero fueron pequeños y esporádicos hurtos al camión que quedaba abierto mientras se despachaba la mercancía. Ahora, el delito para apropiarse de bienes de primera necesidad se ha tornado más violento, más frecuente, multitudinario en cuanto a la cantidad de antisociales participantes y difuso desde el punto de vista geográfico.

En el caso de Caracas, si hace un año los casos eran reportados solamente en Catia, ahora también ocurren en Antímano, Petare, El Valle-Coche y últimamente en el eje La Vega-La Paz. El 23 de enero, por ejemplo, una banda de aproximadamente 6 sujetos sometió con armas a un despachador de quesos cuando entregaba el contenido de un camión en la calle Rotaria de La Paz. El robo fue de 39 cajas de queso.

En los casos reportados en Catia desde finales de diciembre participan entre 15 y 20 personas. Antes, el máximo era de 6 personas. A veces simulan un saqueo.

Los cuerpos de seguridad siguen el modelo de actuación mostrado por los oficiales de Polinacional ya en septiembre de 2013, cuando fungieron como ductores ante el robo descarado del contenido de un camión para transporte de productos cárnicos accidentado en el distribuidor Los Ruices de la Fajardo. La misma conducta complaciente ante el robo de Daka en Valencia a manos de una poblada, dos meses después.

Ante esta situación, el liderazgo del país luce nuevamente entrampado, silente, con los ojos puestos en otra parte. El Presidente ha optado por hacerse sordo y ciego. En su discurso de Memoria y Cuenta no hubo ninguna mención al problema de la criminalidad en el país. Durante su breve campaña electoral, y apenas asumió en Miraflores este tema era el centro de sus intervenciones públicas. Ahora, solamente se refiere a algunos de los fallecidos durante las protestas de 2014. Nada con respecto a las 24930 víctimas restantes de la violencia.

El delito que viene, entonces, se parece al que teníamos pero tendrá mucha más intensidad, frecuencia y violencia. Aparecerá en lugares antaño considerados tranquilos, y afectará a más personas. Paradójicamente, será menos denunciado en virtud de la creciente desconfianza en los cuerpos de seguridad. Y el hombre que auspició los vientos del dakazo difícilmente será escuchado cuando intente recoger estas tempestades.

Breves

*3481 oficiales han salido del Cuerpo de Policía Nacional desde la fundación de esa institución en 2008. Una auditoría interna llevada a cabo en noviembre de 2014 determinó que 769 egresos han sido por destitución derivada de una sanción administrativa o penal. No obstante, muchos agentes también han quedado inválidos durante el ejercicio de sus funciones o debido a accidentes de distinta naturaleza. Lo que más preocupa es el número de renuncias, 1718, pues significa que existe poco atractivo para que el funcionario permanezca y haga carrera en ese cuerpo. Una situación similar fue detectada luego de una encuesta de opinión a los agentes de una policía municipal capitalina, donde el 50,1% de ellos expresó su disposición de migrar a la empresa privada con un salario similar al que devengan en la actualidad.

*14 cuerpos policiales han sido intervenidos por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz desde 2014, 12 de ellos por recomendación del comisionado presidencial Freddy Bernal. En las últimas cinco intervenciones se ha determinado que los agentes participan en la violación continuada de los Derechos Humanos. Tres corresponden a policías de municipios mirandinos (Acevedo, Brión y Zamora). Son las únicas en las que se aportó una motivación. En el caso de la Policía de Caracas (el más relevante por el peso histórico y político de ese cuerpo) Bernal solo argumentó que hubo una petición del alcalde Jorge Rodríguez, pero la razón de fondo no se indica en la resolución publicada en la Gaceta Oficial. Nada se ha dicho, por ejemplo, sobre ese tercio de la nómina que pierde su tiempo en servicios de escoltas de personalidades. En fin, el comisionado apenas está comenzando a morder el problema de la corrupción policial y ya ha declarado en dos oportunidades que él no podrá resolverlo. Así será la podredumbre detectada…

*La Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) reveló en un informe divulgado en enero que durante todo 2014 fueron ultimados 338 efectivos policiales o militares en todo el país, 18% más que los fallecidos de igual forma en 2013. La Guardia Nacional y la Policía Nacional fueron los cuerpos con mayor número de muertos por homicidio. Un dato interesante es que la mitad de las víctimas policiales o militares tenía menos de 30 años de edad, y que la mayoría de los ataques mortales (70%) ocurrió cuando el funcionario estaba franco de servicio. En apenas dos años el país acumula la escandalosa cifra de 633 policías o militares víctimas de la violencia. Esto debería ameritar estudio, reflexión y decisiones de parte del Ejecutivo, que en fin de cuentas se atribuyó la función de “órgano rector” en cuestiones de seguridad ciudadana. Pero nada, el silencio es la norma. A Freddy Bernal se le preguntó al respecto y sólo atinó a decir sin mayores detalles que meditaba una disposición especial en un proyecto de ley sobre seguridad social para policías.

*Mucho silencio ante la detención en Apure del colombiano Germán Rodríguez Ataya, señalado como uno de los pilotos más importantes al servicio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los integrantes de la comisión mixta CICPC/ONA que lo detuvieron en Achaguas recibieron una palmadita en sus hombros, y listo. El hombre de 48 años de edad tenía documentos de identidad venezolanos, que según las autoridades fueron obtenidos de forma fraudulenta. Esta circunstancia se ha repetido con tanta frecuencia que ya no sorprende. Pero es uno de los factores por los que la comunidad internacional aplica controles cada vez más rigurosos a cualquier viajero de nuestro país. En lo que respecta al aviador, se plantean tres alternativas: la deportación sumaria, un juicio de extradición o el lobby con el Ejecutivo para prolongar en lo posible la estadía en el país, tal y como ha hecho con éxito Guillermo Torres Cuéter, alias Julián Conrado o el Cantante de las FARC.

*El Grupo Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional detectó la existencia de un “grupo paramilitar” dedicado a extorsionar a comerciantes y hacendados en el Valle Mocotíes, así como también en el Sur del Lago de Maracaibo, Santa Bárbara del Zulia y Coloncito (Táchira). La organización está conformada por 15 personas, en su mayoría colombianos, que amedrentan por teléfono a sus víctimas para luego cobrar sumas variables de dinero. Si no les pagan, amenazan con secuestros o asesinatos. Parte de sus datos, indica el reporte, la obtienen de prostitutas que trabajan en La Tendida. No se indica si esta organización pertenece a alguna derivación de las extintas AUC o si son guerrilleros de las FARC o del ELN, ya incorporados plenamente al mundo del crimen.

*El próximo 6 de febrero, el niño que aparece en la foto cumplirá su décimo cuarto cumpleaños. No estará con su familia, sino en poder de un grupo que se lo llevó de su vivienda en Betijoque, estado Trujillo, en octubre de 2011. La gráfica de Ricardo Segovia Alvarado es publicada por petición expresa de su mamá Yajaira Coromoto Alvarado, quien desde luego desea mantener viva la imagen de su niño, para que el caso no caiga en el olvido, para que las autoridades mantengan aunque sea una pequeña dosis de interés. Es probable que el cautivo, ya en la pubertad, no conserve algunos rasgos del infante retratado. Extraoficialmente se conoció que la última imagen conocida de la víctima fue enviada desde su lugar de cautiverio poco después de su secuestro. En sus manos aparece con un periódico.

 @javiermayorca