En teoría, el mandato de la
fiscal Luisa Ortega, la defensora Gabriela Ramírez y el contralor Clodosbaldo
Russián (suplido desde su muerte en 2011 por Adelina González) terminaría el 7
de diciembre próximo, pero todo indica que la renovación del Poder Ciudadano,
al igual que el Judicial y el Electoral, no se hará de acuerdo con el mandato
constitucional sino de acuerdo con los tiempos políticos del partido de
gobierno.
La Constitución establece que la renovación de los 3 altos
funcionarios, estará a cargo de un comité de evaluación de postulaciones de la
sociedad civil que será convocado 60 días antes del vencimiento de los períodos
respectivos; en este caso debió convocarse a comienzos de octubre. Ese comité
recibe las credenciales de los aspirantes, preselecciona y envía una lista a la
Asamblea Nacional para que esta escoja a los más aptos, con el voto de las dos
terceras partes de sus integrantes. La carta magna estipula también que si el
Consejo Moral no convoca al comité, corresponderá a la Asamblea hacer la
designación; y que si no se logra acuerdo en el Parlamento, la lista de
candidatos se somete a referéndum popular. La Ley Orgánica del Poder Ciudadano
(artículo 23) precisa que en caso de que no se hubiera convocado al comité de
postulaciones, “la Asamblea Nacional procederá a la designación de los
titulares de los órganos del Poder Ciudadano en un tiempo no mayor de treinta
(30) días continuos”. Más allá del tiempo máximo para hacer los nombramientos,
ni la ley ni la carta magna explican el mecanismo para la escogencia en el
Parlamento por lo que corresponderá a la junta directiva, en manos del PSUV,
establecer las normas que lo regirán. ¡En pocas palabras: Sabrá Pepe!
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