En menos de dos meses tres buenos
amigos han debido enfrentarvalle220 serios problemas de salud en Venezuela: a
uno le dio un ACV, a otro le diagnosticaron una enfermedad autoinmune y un
tercero requiere de una intervención coronaria.
El primero tuvo un accidente
cerebrovascular luego de buscar infructuosamente durante semanas sus pastillas
para regular la tensión arterial. Unas pastillas, por cierto, de consumo
bastante frecuente entre buena parte de la población hipertensa. Al cabo de
unos días con la presión alterada, le sobrevino el accidente. Ahora está en
rehabilitación y fisioterapia recuperando poco a poco la movilidad de sus
piernas.
El segundo requiere tomar a diario
un medicamento que no se produce en Venezuela, que siempre estuvo presente en
las farmacias y se vendía regularmente, pero que ahora también desapareció de
circulación. Su familia debió recurrir a una campaña a través de las redes
sociales para pedir la colaboración de los amigos en el extranjero. Desde
Argentina alcancé a adquirir una caja del medicamento y en breve conseguiré
enviársela a Caracas.
Y el tercero, luego de sufrir un
infarto, debe ir a quirófano cuanto antes, pero la intervención coronaria es
tan costosa que sus familiares también debieron recurrir a las redes sociales
en busca de apoyo financiero.
En los tres casos se trata de
personas de clase trabajadora, sin herencia familiar, gente que vive de su
trabajo como gestores culturales o profesores universitarios. Y todos cuentan
con seguro médico privado.
De más está decir que en los tres
casos la salud pública y la red hospitalaria del Estado o fue insuficiente o
fue tardía o fue indefinidamente pospuesta. Los médicos de la misión Barrio
Adentro y los egresados en Medicina General Integral y Medicina Integral
Comunitaria, provenientes de la Misión Sucre y de la Universidad Bolivariana de
Venezuela, trabajan en la llamada Atención Primaria de Salud y no están
capacitados para atender casos de alta complejidad. Los Centros de Diagnóstico
Integral (CDI), las Salas de Rehabilitación Integral (SRI) y los Centros de
Tecnología Avanzada (CAT) pertenecientes al llamado Barrio Adentro II tampoco
están diseñados para atender un ACV, tratar una enfermedad autoinmune o llevar
a cabo una cirugía cardiovascular. Además, para nadie es un secreto que estas
misiones sanitarias, como todas las demás misiones creadas en 2003, han sufrido
en los últimos años severos retrocesos presupuestarios a causa de la
catastrófica y corrupta administración de la renta petrolera.
En el último año han desfilado
tres ministros de salud, se ha propagado el virus de la chikungunya, se ha
recrudecido el desabastecimiento de medicamentos, y se ha dolarizado la
atención médica en un país en el que la brecha entre el dólar oficial y el
paralelo alcanza 2.800%. Mientras tanto el Gobierno, sumido en la parálisis,
parece solo responsabilizar a los contrabandistas (que siempre existieron) y a
las mafias importadoras y distribuidoras por la falta de medicinas. Incluso ha
sugerido que la crisis es consecuencia de una guerra biológica de una guerra económica
de una guerra sanitaria emprendida por el Imperio.
Si resulta imposible contar con
la red de hospitales públicos —desde hace mucho tiempo depauperada y en crisis—
tampoco es una solución contar con un seguro médico privado. Los seguros
médicos en Venezuela son coberturas precarizadas y costosísimas, con topes
irrisorios, contratos repletos de letras chicas que obligan a pagar elevados
anticipos y con frecuencia obligan al asegurado a esperar horas y horas solo
para que llegue una autorización que permita su ingreso a la emergencia.
Si no hay voluntad política para
sostener y fortalecer la red hospitalaria pública, mucho menos la hay para
exigir a las aseguradoras un mínimo de decencia en la prestación de sus
servicios. Las aseguradoras, al igual que los bancos, han hecho
multimillonarias fortunas con la Revolución Bolivariana.
Una anécdota personal: en mi
último viaje a Caracas debí acudir a la emergencia de una clínica privada que
estaba en mi cartilla de seguro de viajes. Al llegar me encontré con esto: “La
emergencia está cerrada”, dijo la encargada del servicio. “La espera es
indefinida”, concluyó. Con el malestar a cuestas me fui a otra clínica (también
de la cartilla) y allí estuve esperando cuatro horas y media exactas hasta que
me harté y me fui. Y todo esto me ocurrió con un seguro médico internacional.
Mientras la esposa del canciller
Elías Jaua se atiende en el costosísimo Hospital Sirio Libanés de São Paulo,
mis amigos profesores y gestores culturales (y tantos otros, la lista es larga
y todos conocemos a alguien que ha pasado por este martirio) deben acudir a las
redes sociales para hacerse de sus medicinas o cubrir los gastos del quirófano.
Por si esto fuera poco, meses atrás la Federación Médica Venezolana reveló que
57% de los galenos criollos se ha ido del país en busca de mejores condiciones
de trabajo.
Y después resulta que toda esta
indefensión, todo este vejatorio desamparo no es culpa de quienes gobiernan
sino de… (colocar aquí lo que les plazca).
Por: Gustavo Valle
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