"Las protestas destaparon la
cara dictatorial del gobierno”, abría página El Nacional el 1º de marzo de este
año, a propósito de las 18 muertes, 1.044 detenciones y 888 medidas cautelares
durante los 17 días con manifestaciones estudiantiles pacíficas en todo el
país.
En febrero, el mismo diario
titulaba “Detención de López agrava imagen negativa del Gobierno”, afirmación
refrendada por la ola represiva sobre la que Provea diría que “Maduro ha
reprimido 485% másque Chávez”, y reseñar la criminal alianza entre
paramilitares (“colectivos”) y cuerpos de seguridad, durante las protestas
estudiantiles.
El Foro Penal daba fe de 18 casos
de tortura: “Los bañaron con gasolina y les dijeron que iban a quemarlos” y de
“acoso y abusos sexuales cometidos por militares y policías contra jóvenes
detenidos”. Según el Observatorio de Conflictividad Social e IPYS, los
“colectivos que actúan con el aval del Gobierno, la tolerancia de los poderes
públicos y coordinados con la fuerza del Estado, atacaron 416 protestas (...) Sus
paramilitares también golpean y despojan a los periodistas de cámaras y
grabadoras”. Hasta agosto, 2.072 personas estaban bajo régimen de presentación
y en octubre gremios y ONG presentaban 110 expedientes de torturas, tratos
crueles y censura, ante la CIDH de la OEA. A fines de noviembre quedaban 78
presos por las protestas de febrero y no han procesado ni a uno solo de sus
torturadores. Familiares de Raúl E. Baduel y Alexander Tirado, en la cárcel de
Uribana, acusaron que los jóvenes están siendo torturados y golpeados
brutalmente.
La Fiscal repite que “denuncias
sobre alta impunidad buscan desestabilizar”, pero lo cierto es que la impunidad
se convirtió en una política de Estado y que el TSJ, y sobre todo su Sala
Constitucional, son el brazo ejecutor de las políticas oficiales y del
terrorismo judicial contra la disidencia. “La justicia penal venezolana es
vista como la peor del mundo” según World Justice Proyect, que la ubica en el
puesto 97 de 97 países estudiados. El caso de la jueza Afiuni, perseguida y
violada en prisión, ha horrorizado a juristas y ONG mundiales. El régimen de
Maduro reconoció frente al Comité Contra la Tortura de la ONU que “96,9% de las
violaciones de DD HH no fueron llevadas a juicio. Entre 2011 y 2014 la Fiscalía
recibió 31.096 denuncias, pero solo el 3,10% de ellas concluyó en acusaciones
(EN 29-11-2014).
En el impactante libro “El TSJ al
servicio de la revolución se analizan 45.474 fallos desde 2004 a 2013 y sus
autores demuestran que en esos 9 años el TSJ no ha dictado ni una sola
sentencia contra el Gobierno” (EN 01-12-2014), como hacían “los juristas del
horror” descritos por Ingo Muller, documento estremecedor sobre el terrorismo
judicial en la Alemania nazi.
La jueza que lleva el caso contra
Leopoldo López sigue el brutal estilo “judicial” descrito por Muller, al
ordenar enjuiciarlo sin pruebas a su favor y poner a funcionarios adeptos al
régimen a declarar contra López y ser acusado de delitos monstruosos nunca
cometidos por él (terrorismo, lesiones graves, homicidio intencional
calificado, incendio de edificio público, etc).
Por eso la ONU, OEA, numerosos
expresidentes y dirigentes políticos mundiales han solicitado reiteradamente su
liberación, conscientes de su inocencia y de que el régimen persigue a los
opositores con el abuso del poder legal que controla, como ha hecho con María
Corina Machado (MCM), despojada de su curul de diputada y acosada
constantemente y con los alcaldes Scarano y Ceballos, destituidos,
encarcelados, torturados y hasta impedidos de ver a sus familias. En junio MCM
declaró en la Fiscalía 17 horas sobre el delirante plan “magnicida”. Boleta
similar recibieron los disidentes H. Salas Römer, Diego Arria, Gustavo Tarre,
Pedro Burelli y Robert Alonso, acusados de haber cruzado correos electrónicos sobre
el “plan magnicida”.
Google negó la autenticidad de
tales correos y certificó que nunca habían sido transmitidos a través de su
red. La historia vuelve a repetirse con MCM (a quien el régimen teme como un
vampiro a un crucifijo): ahora ha sido imputada por “conspiración”. El rechazo
no se hizo esperar: HRW considera que “el gobierno venezolano ya ha rebasado
todos los límites en el caso de MCM”. EE UU y el Parlamento canadiense
rechazaron la intimidación y el uso del poder del gobierno de Maduro para castigar
a opositores y la Unión de Partidos Latinoamericanos acusa que la imputación de
MCM pretende encubrir la crisis y amedrentar a líderes de la oposición.
Dada la prisa que el gobierno se
está dando en escoger (a dedo oficialista y fraudulento) los nuevos magistrados
(TSJ), rectores (CNE) y que extraoficialmente circulan los nombres de Luisa
Ortega (de nuevo como fiscal), Pedro Carreño (contralor!!!) y Tarek William
Saab (defensor) y puesto que Maduro sigue “cuesta abajo en la rodada”, el
régimen estaría planificando encarcelar a María Corina y liberar a Leopoldo,
convencido de que la oposición iría dividida a las parlamentarias. Dividir para
reinar, es orden que llega de Cuba. Maduro no va a conseguirlo. Esta historia
continuará.
Por: Marta Colomina.
martacolomina@gmail.com
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