Las más de 50 “leyes” y
“reformas” aprobadas por Maduro para cerrar el ciclo de su Ley Habilitante no
tienen el propósito de reactivar la ruinosa economía venezolana, ni de
disminuir la escasez o reducir la creciente pobreza de los 2 últimos años (la
canasta familiar subió en octubre a 26.576 bolívares, equivalentes a 6,3
salarios básicos).
Tampoco aminorar la inflación o estimular la producción
nacional, y mucho menos cumplir su promesa de luchar contra la corrupción o
combatir la inseguridad. Lo que busca Maduro es centralizar aún más su poder,
cada vez más autoritario y con menos apoyo popular, y sustentarlo en las
“comunas”, figura que no está en la Constitución. Esas leyes “ahondan la inseguridad
jurídica e instauran un estado de excepción permanente porque violan garantías
constitucionales que ni siquiera en estado de guerra pueden suspenderse”,
apuntan los expertos (El Nacional 21/11/2014). Amparadas en la aprobada “ley de
las comunas”, con varias de esas nuevas “normas” se pretende despojar a
alcaldes y gobernadores de sus atribuciones y presupuesto y otorgárselos a las
“comunas”, cuya estructura rompe con el principio democrático de la elección
directa en primer grado para escoger a “los enchufados” que ejercerán las
funciones ejecutivas de mando en el ámbito territorial de estados y municipios,
como nos recuerda Antonio de la Cruz. Es decir, que bajo el falso manto del
“poder popular”, el castrocomunismo de Maduro pretende sustituir a los alcaldes
y gobernadores, elegidos democráticamente por el pueblo, por “comunas” cuyas
órdenes y dirección provienen del poder central
La cama está tendida en el
deficitario presupuesto de 2015 para las “comunas”: los dos únicos “proyectos”
que recibieron aumentos escandalosos, comparados con la merma de los recursos
para educación, salud y seguridad, fueron los de las “comunas”, que crecerán
62% y los de medios y propaganda oficial, que recibirán 3.610 millones de
bolívares, con lo que podrían construirse 301 escuelas (El Nacional
17/11/2014). En ese presupuesto se comprueba que la PNB no podrá expandir sus
planes de seguridad por falta de recursos porque en 2015 apenas le asignaron
2,2 millardos de bolívares de los 15,5 millardos que necesita. Haciendo caso
omiso de la pandemia de dengue y chikungunya, Min-Salud redujo 46% el
presupuesto para control de zancudos.
Con las leyes tributarias Maduro
arremete con mayor crueldad contra el sector privado, acosado por las
“expropiaciones” y ahora por la escasez brutal de divisas que han hecho mermar
la producción agrícola e industrial de manera alarmante. El presidente de
Fedecámaras calcula en 10.000 millones de dólares la deuda del sector, al que
sus proveedores internacionales le han cerrado el crédito porque el gobierno no
entrega las divisas. En esas condiciones, Maduro lanza una reforma tributaria
suicida: con la que “sancionarán a las empresas que paralicen líneas de
producción” y el “Seniat podrá hacer embargos sin pasar por un tribunal”. Así
que un régimen que ha dilapidado más de 1 billón de dólares en regalos a sus
compinches de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y otros, en armas de guerra
innecesarias y en corrupción, culpa ahora de su propio despilfarro a quienes
han sido sus víctimas. La voracidad fiscal para paliar el enorme déficit fiscal
ha llevado a Maduro hasta a pechar a las depauperadas universidades del país y
a las ONG, y con ello debilitan aún más el pensamiento crítico y a los
defensores de los derechos humanos. Ni una palabra de Maduro sobre recortar el
inmanejable gasto público que sigue creciendo con nuevas vicepresidencias y
viceministerios, más oficinas, más gasto y más caos, hasta llegar a la
surrealista paradoja de crear más burocracia para dizque “disminuir la
burocracia”.
Maduro firmó la reforma de la Ley
Anticorrupción que ahora dependerá directamente de él y cuyo contenido no tiene
el propósito de combatirla, sino de silenciarla a través del secreto, la
censura y el castigo a los denunciantes, al autoasignarse la presidencia el “carácter
secreto, reservado, o de divulgación limitada de información”, con la excusa de
que “la información sobre corrupción no será utilizada para chantajear. Maduro
perdió la oportunidad de intentar convencernos sobre su propósito de luchar
contra la corrupción, si hubiera anunciado una sanción contra su caro Jaua por
haber usado para asuntos personales los aviones de Pdvsa, o si hubiera dicho
que quedaba sin efecto el nombramiento diplomático de la infanta mientras se
investiga el enorme sobreprecio del maíz y del arroz importados de Argentina,
denunciado por productores y prensa de ese país. Podría haber inaugurado esa
reforma dando a conocer los nombres y empresas de maletín que acabaron con las
reservas internacionales y que aún siguen vivitas y coleando en el Sicad. Nada
de eso ocurrió, ni ocurrirá. La Ley Anticorrupción no es contra los
“enchufados” corruptos, sino para silenciar y castigar a los que denuncian. Es
decir, para que haya más impunidad.
No hay comentarios. on "¿PARA IR CONTRA LA CORRUPCIÓN O PARA OCULTARLA?"