La MUD conquistó el 6D las 2/3
partes de los miembros de la Asamblea. En presencia de la misión de
acompañantes de UNASUR, de los expresidentes latinoamericanos, así como ante
todo el país una vez que el CNE anunció los cómputos, el presidente Maduro reconoció
los resultados, aunque ahora buscan otras vías para burlar la soberanía
popular.
Al votar los venezolanos
manifestaron su malestar por tres razones fundamentales: la inseguridad, la
inflación y la escasez. La solución de esos problemas sigue estando fundamentalmente
en manos del gobierno.
Pero la Asamblea debe dar
respuestas y aclarar muy bien cuáles son sus atribuciones y facultades. Una
responsabilidad prioritaria que tiene la Asamblea es la de contribuir a
combatir la inflación. Para ello la Constitución pone en sus manos facultades
para hacerlo por varias vías: a través del Presupuesto Nacional, a través del
control del gasto público e impidiendo el déficit fiscal. Para ello es
indispensable devolverle la autonomía al Banco Central, a fin de que este
cumpla con las funciones que le son propias, la primera de las cuales es
preservar el valor de la moneda.
Vale la pena detenernos aquí para
explicar el origen de la inflación que nada tiene que ver con las monsergas del
nuevo zar de la economía, quien pretende referirse a ella en términos
dogmáticos, olvidando las variables de las cuales depende. Ella consiste en un
aumento general del nivel de los precios que obedece a la pérdida del valor del
dinero. Las causas de la inflación son diversas pero se produce inevitablemente
cuando la oferta monetaria crece más que la oferta de bienes y servicios. Es el
resultado de un gasto público deficitario y de un Banco Central que para
financiarlo emite dinero en exceso.
Eso es lo que está ocurriendo en
Venezuela. En el transcurso del año 2015 la oferta monetaria casi se duplica
por la brutal expansión del dinero emitido por el BCV para cubrir un déficit
fiscal del orden del 20% del PIB y un déficit en el flujo de caja de PDVSA de
unos $ 19.000 millones. PDVSA ya le adeuda al Banco Central cerca de 145.000
millones de dólares por el financiamiento recibido. Mientras tanto el PIB cae
en cerca de un 9%.
Decía Milton Friedman, Premio
Nobel de Economía: “La única manera de acabar con la inflación estriba en no
permitir que el gasto público crezca tan rápidamente”. Y agregaba: “Los gastos
gubernamentales pueden ser inflacionarios o no. Serán inflacionarios, fuera de
toda duda, si se financian creando moneda o imprimiendo billetes”.
Esa es exactamente la causa de
que -según cifras del BCV- la inflación en Venezuela haya alcanzado el 270,7%
en el 2015, con mucho la más alta del mundo.
Para impedir que los gobiernos
puedan obligarlos a crear moneda e imprimir billetes destinados a financiar el
déficit fiscal, en las economías modernas los bancos centrales son autónomos.
Pero los gobiernos autoritarios se niegan a aceptarlo. Por eso tanto la
Asamblea saliente como el presidente Maduro vía Habilitante, aprobaron a última
hora medidas para liquidar totalmente la autonomía del Banco Central y quitarle
al Parlamento las facultades que tiene en materia de designación de directores
o destitución del Directorio. A la vez resulta insólito que quieran impedir que
el Banco Central suministre informaciones estadísticas relacionadas con la inflación,
PIB, déficit fiscal y otras. El gobierno pretende que tales datos sean un
secreto de estado.
Vano intento del oficialismo. Se
trata de facultades que tiene la Asamblea Nacional establecidas en los
artículos 31, 319 y 320 de la Constitución. Aun los estudiantes de primer año
de derecho saben que conforme a la Pirámide de Kelsen, la Constitución está por
encima de las demás leyes y no puede ser modificada por vía de una ley, ni de
una Habilitante.
Las referidas estadísticas ponen
en evidencia el caos en que han hundido a nuestra economía. El gobierno cree
que al ocultarlas a la población el impacto político sería menor. El grueso de
la gente no tiene interés en informaciones técnicas, pero igual sufren a diario
las consecuencias de la escasez y la inflación sin necesidad de que el BCV se
los diga. A quien sí daña el gobierno es al aparato productivo y a los agentes
económicos que necesita de esos datos para orientar sus inversiones y sus
gastos, planificar la producción, realizar contratos, calcular el pago del ISLR
y negociar contratos colectivos. Por supuesto, el daño agrava la escasez y
contribuye a la caída del PIB.
El camino que está trazando el
gobierno con su modelo, su incapacidad , su dogmatismo y su ignorancia, conduce
inevitablemente a la hiperinflación y, peor aún, a una estanflación que es el
peor cáncer que pueda padecer una economía y suele desgarrar el tejido social.
Por José Toro Hardy
@josetorohardy
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