La Fundación que rige al
“Sistema” se creó en los años ’70, ganando varios premios desde entonces y el
reconocimiento de la UNESCO. Hoy cuenta con un grupo de jóvenes y adultos
docentes musicales, a quienes se suma desde 2007 la infraestructura aportada
desde la Misión Música –creada por el fallecido Presidente Chávez-
Somos 30.000.000 de habitantes en
Venezuela y en muchas familias, hay un caso de muerte por el hampa. Los
recientes dos casos de asesinato de integrantes del Sistema Nacional de
Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, desnuda la incapacidad
del Estado para hacer frente a un flagelo que diezma uno de los mejores
productos sociales que pudiera exhibir el país: el logro de la masificación
musical.
Si bien la organización nacional
de orquestas infantiles o sencillamente “El Sistema”, ha generado admiración y
reconocimiento internacional al Maestro Abreu, su creador, y al famoso
director Dudamel, su pilar es la forma
como se integra y funciona. Además, están el esfuerzo y sacrificio de sus
participantes y sus familiares.
Buscar a la chiquillería en el
colegio, llevarla a clases de música en los 400 y tantos núcleos orquestales
expandidos por el país, comprarles instrumentos y repuestos, acompañarles,
motivarles a hacer las tareas diarias y llevarles a las presentaciones, se
convierte en un modo de vida para la familia de cualquier miembro del
“Sistema”.
La Fundación que rige al
“Sistema” se creó en los años ’70, ganando varios premios desde entonces y el
reconocimiento de la UNESCO. Hoy cuenta con un grupo de jóvenes y adultos
docentes musicales, a quienes se suma desde 2007 la infraestructura aportada desde la Misión
Música –creada por el fallecido Presidente Chávez-. En el caso de Caracas,
cuenta con el apoyo de las unidades de Metro Bus y personal de seguridad,
mientras que en el interior del país, Gobernaciones y Alcaldías también brindan
ciertos aportes. Un atributo de esta organización es que congrega niños, niñas
y jóvenes de diversos estratos sociales, difuminando parcialmente las
diferencias propias de quienes tienen más o menos recursos económicos, así sea
durante el tiempo en que se ejecutan las interpretaciones musicales.
Pero todo ese esfuerzo cae cuando
muere asesinado por el hampa un niño, niña o adolescente miembro del “Sistema”.
Queda una silla vacía en la orquesta y se desarmoniza el coro, que no cuenta
más con esa voz que se fue a manos de la delincuencia.
Se vuelven incompletas las tardes
de la semana, ahora sin el corre - corre de la familia para llegar a tiempo a
la clase de música. Se trata de un instrumento que no suena más. Un canto que
enmudece. Se acaba la expectativa por el próximo concierto.
Ante ese grito silencioso que
representa la muerte de una esperanza musical del “Sistema”, está una sociedad
atónita y adolorida, que día tras día se ha ido acostumbrando a ir a velorios y
entierros de personas muertas por la delincuencia. Es un hecho que se produce
con cada vez mayor frecuencia. Una semana fue alguna amistad, la otra un ex
compañero o compañera de trabajo, el mes pasado alguien del vecindario y otro
día un familiar.
La muerte violenta es una
tragedia, pero la desdicha aumenta cuando es producto de la delincuencia
venezolana que se cobija en la impunidad. Y es allí donde se centra la
responsabilidad de la administración de justicia, fiscales y policías. Es por
la impunidad con que actúa la delincuencia, que el Estado venezolano tiene
compromisos en hechos como esos.
El Estado es el garante del
derecho a la vida y del acceso a la justicia. Es la estructura obligada a
imponer las sanciones a quienes infringen la ley, comenten delitos y ciegan la
vida a niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, artistas, personas
adultas, estudiantes en las universidades, deportistas, adultos mayores.
Además debe hacer cumplir los
pactos y tratados que protegen a las víctimas y familiares de víctimas de la
violencia delincuencial. Para ello, el Ministerio Público y la Defensoría del
Pueblo, como instituciones creadas para velar porque se cumplan estas
obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, deben acelerar sus
actuaciones y coadyuvar al cese de la impunidad, junto con el Poder Judicial.
El Estado tiene la palabra.
Por: María Esperanza Hermida
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