La sospecha mayor pesa sobre el
gobierno, los gobernantes y la cúpula militar. Estadistas de todo el mundo,
desde Barack Obama hasta Felipe González, pasando por Óscar Arias y el propio
Pepe Mujica, en otro tiempo aliado del proyecto rojo, señalan hacia la parte
más septentrional de la América del Sur y afirman que aquí, en esta “Tierra de
Gracia”, algo huele muy mal.
Obama dice que se violan los
derechos humanos y sanciona una ley que castiga en su territorio a los
violadores. Mujica, que se prepara un golpe de Estado de izquierda, y que si
ocurre “la democracia se irá al carajo” (sic). González, que tener a los
dirigentes políticos presos es un abuso de poder semejante a los de Pinochet. Y
Arias, el Nobel de la Paz, que en Venezuela hay un régimen totalitario.
El sentido común dice que la
posibilidad de que los marines vengan a invadirnos es solo ilusión oficial.
Pero obviamente hay un acuerdo, probablemente no escrito, entre las democracias
de los países más desarrollados para acorralar al supuestamente descomunal
proceso de corrupción y acumulación de capitales ilícitos que está ocurriendo
en Venezuela.
Una confluencia similar a la que
ocurre entre las más importantes organizaciones internacionales no
gubernamentales de defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
O a la que se da entre medios internacionales. Desde CNN y los grandes diarios
estadounidenses hasta El País, ABC y El Mundo de Madrid, El Tiempo y la revista
Semana de Colombia, donde el enfoque común es la existencia en el gobierno
venezolano de un triangulo diabólico en cuyos vértices brillan la corrupción
generalizada, el financiamiento al terrorismo internacional y el narcotráfico
con apoyo militar.
Algo análogo ocurre puertas
adentro del país. El gobierno sospecha, y en consecuencia actúa, de los
opositores. Los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, acusa el
gobierno, son en su mayoría golpistas y traidores a la patria. En consecuencia
se les persigue; se envdefensa de los derechos humanos ydicen.o los mira
como________________________ía a prisión a algunos, como López y Ledezma; se
empuja al exilio a otros, como Rosales o Vecchio, y se encarcela y somete a
juicio a centenares de activistas, fundamentalmente estudiantes, sospechosos de
subversión.
Tampoco son confiables los
empresarios. Según el gobierno, son los agentes de la guerra económica. Generan
el desabastecimiento, la inflación y la especulación con el dólar paralelo. No
pasa un mes sin que algunos de ellos sean detenidos o se les abra un proceso
judicial por acaparamiento, sobreprecios o reducción de la producción. La
semana que hoy concluye se ha imputado al director general de una red de
supermercados populares llamada Día Día bajo la sospecha de “boicot y
desestabilización de la economía”.
Los ciudadanos comunes tampoco se
salvan. Para el gobierno son acaparadores, contrabandistas o “bachaqueros”,
como se denomina a quienes comercian revendiendo los productos que escasean. En
consecuencia, se aplican medidas de racionamiento, máquinas captahuellas en los
supermercados para que nadie compre más de uno o dos de los productos escasos,
o chips en los automóviles de la frontera para que solo puedan poner gasolina
dos veces a la semana.
El gobierno desconfía de las
universidades autónomas. Son de derecha, dice. Los padres opositores, de las
escuelas públicas. Que les lavan el cerebro a sus hijos con detergente rojo,
sostienen. Terminando este artículo he comenzado a desconfiar de mí mismo. Al
final, como dice un amigo, a los paranoicos también los persiguen.
Por: Tulio Hernández
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