La Constitución prohíbe y
penaliza taxativamente la tortura física o psicológica
En la extraordinaria película
"Cinco años de vida", del director Stefan Schaller, se narra con
crudeza el horror que hubo de vivir un alemán de origen turco secuestrado en
Pakistán y llevado a Guantánamo para averiguaciones por su supuesta
participación en actos terroristas. Hay una secuencia en la que el protagonista
es metido en un calabozo en un sótano. Una celda mínima, de concreto, blanca,
luces permanentemente encendidas, temperatura helada o sofocante o con
ventilación apagada obligando al reo a pegar la cara en unas pequeñas rendijas
para poder respirar. En aquel camarote totalmente insonorizado o con ruidos de
altos decibeles para aturdir, escaso suministro alimentario y de agua y sin luz
de sol, permaneció el detenido por meses.
Esas condiciones se reproducen
criminalmente en la llamada "tumba" en un tenebroso sótano en
Caracas.
Cuando hace unos días despertamos
conociendo por reportajes de medios internacionales sobre la existencia de unos
escabrosos calabozos en el quinto sótano del Sebin en Caracas, yo dudé. Me
pregunté si sería posible aquello tan espantoso que leía en un diario español.
A seguir leí un poderoso artículo de Leonardo Padrón, una pieza que se lee con
dolor de alma y que, más que un texto de la narrativa de nuestros tiempos,
parece un capítulo de Los Miserables. Y entonces sentí vergüenza de mi país.
Inmediatamente pensé que de seguro el Presidente Maduro se apersonaría de
sorpresa en el recinto y ordenaría la demolición ipso facto de semejante
atrocidad, en justificada cadena nacional, a la par que exigiría la apertura de
una averiguación penal de los hechos y los funcionarios involucrados en tan
grotesca violación de derechos humanos. Al fin y al cabo, el Presidente tiene
potestad, competencia y poder para ello. Pero Maduro nada hizo.
La Constitución que rige nuestro
devenir –aprobada en 1999 por una minoría circunstancial y validada y
legitimada en 2007 por una indiscutible mayoría ciudadana– es clara y no deja
resquicio a duda: a todo evento y en toda circunstancia prohíbe y penaliza
taxativamente la tortura física o psicológica. Poco importa si el "privado
de libertad" es culpable o inocente, o si se cree que posee información
que puede prevenir la comisión de algún delito grave.
En este gobierno, el de la dupla
Chávez-Maduro, se han cansado de criticar a leco herido las actividades de las
cárceles de Guantánamo y Abu Grahib. Tal crítica, queda claro, ha sido de la
boca para afuera, un teatro, una farsa, una monumental mentira. Ahí, en los
indignos sótanos del Sebin, la S.N. del siglo XXI, opera una monstruosidad,
algo simplemente impresentable, un gravísimo acto delincuencial del cual sólo
son ejecutores responsables el Estado y el Gobierno. Eso, que lo sepan el
Presidente Maduro, todo su funcionariado y esa pléyade de cabezas de
instituciones, sea por comisión, omisión o complicidad, es crimen de lesa
humanidad y, además, pecado mortal, por los cuales deberán responder por ante
la patria, los tribunales internacionales y el mismo Dios. Ante ninguno de
ellos semejante violación de derechos humanos prescribe. Nunca prescribe.
Por: Soledad Morillo Belloso/@solmorillob
No hay comentarios. on "Y SENTÍ VERGÜENZA DE MI PAÍS"