Y SENTÍ VERGÜENZA DE MI PAÍS

La Constitución prohíbe y penaliza taxativamente la tortura física o psicológica

En la extraordinaria película "Cinco años de vida", del director Stefan Schaller, se narra con crudeza el horror que hubo de vivir un alemán de origen turco secuestrado en Pakistán y llevado a Guantánamo para averiguaciones por su supuesta participación en actos terroristas. Hay una secuencia en la que el protagonista es metido en un calabozo en un sótano. Una celda mínima, de concreto, blanca, luces permanentemente encendidas, temperatura helada o sofocante o con ventilación apagada obligando al reo a pegar la cara en unas pequeñas rendijas para poder respirar. En aquel camarote totalmente insonorizado o con ruidos de altos decibeles para aturdir, escaso suministro alimentario y de agua y sin luz de sol, permaneció el detenido por meses.

Esas condiciones se reproducen criminalmente en la llamada "tumba" en un tenebroso sótano en Caracas.

Cuando hace unos días despertamos conociendo por reportajes de medios internacionales sobre la existencia de unos escabrosos calabozos en el quinto sótano del Sebin en Caracas, yo dudé. Me pregunté si sería posible aquello tan espantoso que leía en un diario español. A seguir leí un poderoso artículo de Leonardo Padrón, una pieza que se lee con dolor de alma y que, más que un texto de la narrativa de nuestros tiempos, parece un capítulo de Los Miserables. Y entonces sentí vergüenza de mi país. Inmediatamente pensé que de seguro el Presidente Maduro se apersonaría de sorpresa en el recinto y ordenaría la demolición ipso facto de semejante atrocidad, en justificada cadena nacional, a la par que exigiría la apertura de una averiguación penal de los hechos y los funcionarios involucrados en tan grotesca violación de derechos humanos. Al fin y al cabo, el Presidente tiene potestad, competencia y poder para ello. Pero Maduro nada hizo.

La Constitución que rige nuestro devenir –aprobada en 1999 por una minoría circunstancial y validada y legitimada en 2007 por una indiscutible mayoría ciudadana– es clara y no deja resquicio a duda: a todo evento y en toda circunstancia prohíbe y penaliza taxativamente la tortura física o psicológica. Poco importa si el "privado de libertad" es culpable o inocente, o si se cree que posee información que puede prevenir la comisión de algún delito grave.

En este gobierno, el de la dupla Chávez-Maduro, se han cansado de criticar a leco herido las actividades de las cárceles de Guantánamo y Abu Grahib. Tal crítica, queda claro, ha sido de la boca para afuera, un teatro, una farsa, una monumental mentira. Ahí, en los indignos sótanos del Sebin, la S.N. del siglo XXI, opera una monstruosidad, algo simplemente impresentable, un gravísimo acto delincuencial del cual sólo son ejecutores responsables el Estado y el Gobierno. Eso, que lo sepan el Presidente Maduro, todo su funcionariado y esa pléyade de cabezas de instituciones, sea por comisión, omisión o complicidad, es crimen de lesa humanidad y, además, pecado mortal, por los cuales deberán responder por ante la patria, los tribunales internacionales y el mismo Dios. Ante ninguno de ellos semejante violación de derechos humanos prescribe. Nunca prescribe.

Por: Soledad Morillo Belloso/@solmorillob