Avanza peligrosamente la
represión en el país. Bajo la doctrina de la Seguridad Nacional se pasa del
discurso a la norma y de la norma a la acción. El resultado, se viene
elaborando un marco jurídico amplio que restringe cada vez más las libertades
democráticas y es mayor el número de personas imputadas por diversos delitos
que se suman a la lista de presos políticos o perseguidos políticos.
Pero lo más peligroso es que se
avanza hacia un Estado policial que pretende enfrentar pueblo contra pueblo,
tratando de involucrar en labores de policía a un sector de la población. El
sapeo como política de Estado.
Veamos desde distintas
perspectivas este progreso de la represión.
El comportamiento del gobierno es
cada vez más preocupante y se incrementan los riegos en materia de derechos
humanos:
Penalización del derecho a la
huelga: Hoy en día es un riesgo para los sindicalistas principalmente del
sector público convocar y realizar huelgas. Tanto la Ley de Seguridad de la
Nación como la Ley para la Defensa de las Personas en Acceso a los Bienes y
Servicios establecen penas de prisión
por paralizar la producción. Un caso emblemático lo constituyó en
encarcelamiento por más de un año del dirigente sindical Rubén González. Se le
privó de libertad por dirigir una huelga en la empresa del Estado Ferrominera
del Orinoco para exigir cumplimiento de la convención colectiva. Más de un
centenar de sindicalistas tienen procesos penales en curso.
Pasos iniciales hacia la justicia
sin rostro: La justicia sin rostro fue implementada por Fujimori en Perú, se
aplicó en Colombia, se aplica en Chile y México actualmente. Se trata de usar
policías y testigos a quienes no se conoce ninguna identidad. Ellos en juicio
te acusarán sin tener oportunidad de recusarlos, ni interrogarlos. Bajo esa
modalidad, en esos países, se ha enjuiciado a miles de inocentes con abierta
violación del derecho a la defensa. En Venezuela con la creación de la Policía
Nacional Anticorrupción en noviembre de 2014 se dio el primer paso hacia esa
justicia sin rostro al establecerse que los policías no podrán ser
identificados.
El sapeo como política de Estado.
En el año 2008 el para entonces presidente de la República derogó luego de
intensas críticas de organizaciones de derechos humanos la denominada Ley de
Inteligencia y Contrainteligencia bautizada como Ley Sapo. El ex presidente
Chávez afirmó que nadie podía ser obligado a delatar a otro. Con el presidente
Nicolás Maduro se revivió esta ley difuminando sus normas en varios
instrumentos jurídicos. Mediante reforma a la Ley de Seguridad de la Nación en
noviembre de 2014 se creó el denominado
Sistema de Protección para la Paz. Según el Decreto 1471 que lo
desarrolla el llamado subsistema popular no es más que incorporar a la
población a través de las organizaciones sociales a realizar labores de
inteligencia contra quienes adversen al gobierno.
Se suma a ello los llamados
Comando populares Antigolpe, con el cual se pretende que la población enfrente
a quienes disienten del gobierno. Tanto en el discurso de los altos jerarcas
del gobierno como en las normas se indica que se debe derrotar al enemigo
interno. Y todo disidente es visto como un conspirador y por lo tanto como un
enemigo.
Así, un sector de la población es
el bueno, aquel que simpatiza con el gobierno. Otro sector de la población es
malo, aquel que cuestiona la gestión de gobierno incluso desde las propias
filas chavistas. Contra ese sector de la población que es malo actuará el
Sistema de Protección para la Paz, los Comandos Antigolpe y la recién creada
Fuerza de Choque y la Brigada Contra los Grupos Generadores de Violencia.
Y para completar se elabora la
inconstitucional Resolución 8610. Así además de la represión selectiva con un
Sebin cada vez más laborioso, se crean
condiciones para la represión masiva a la protesta social. El comportamiento
del gobierno es cada vez más preocupante y se incrementan los riegos en materia
de derechos humanos.
Por Marino Alvarado
@marinoalvarado
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