Fueron quemados intencionalmente
siete camiones compactadores de basura de la Alcaldía de Sucre. Carlos Ocariz,
máxima autoridad del municipio, dijo que se trataba de ³una brutalidad². Tal
vez hubiera querido decir ³barbarie², un vocablo que califica adecuadamente el
delito perpetrado. El hecho es de una desmesura que remite a la escandalosa
descomposición de valores a la que ha llegado la sociedad en los últimos
tiempos, bajo el régimen ramplón cívico militar.
La guerra de la basura que
compete a la Alcaldía de Sucre ha pasado por diferentes etapas. Se inició con
protestas esporádicas en torno a la ineficaz gestión en la recolección de
desperdicios, para llegar después a un episodio de mayor envergadura. Un grupo
de dolientes, desconociendo el sabotaje continuado por varios años de la
mayoría chavista en el concejo, presentó el caso ante el TSJ, cuyos magistrados
llegaron a conminar al alcalde por considerarlo responsable de la ineficiencia
que le adjudicaban.
Llamó la atención la elevación de
un asunto municipal a la máxima instancia de la justicia, y la diligente
respuesta de los jurisconsultos en beneficio de los rojitos que protestaban. Se
pudo tratar el asunto en juzgados de menor proporción, más cercanos a las comunidades
supuestamente perjudicadas y capaces de recibir los argumentos del ³acusado²,
pero desde abajo se llegó a la más alta cúspide sin esfuerzo ni demora.
Se dijo con razón que el tema no
competía a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, sino a los de más
cercanas y accesibles medianías, pero todo fue de lo mínimo a lo máximo en un
santiamén que no dejó de levantar sospechas.
¿Sospechas de qué? De una
intención política, que buscaba la descalificación del alcalde a través de un
proceso capaz de manchar su reputación de funcionario para aprovecharse de su
descrédito. Ahora no se trata de llevar a la tintorería la ropa de un empleado
público salpicada por el episodio, debido a que no es asunto que nos incumba
como medio informativo, sino de invitar al análisis equilibrado de la
situación. ¿Por qué?
Por el incendio intencional de
siete camiones compactadores de basura que acaba de suceder. El delito contra
la comunidad se cometió sin obstáculos, como si se tratara de arrojar un
fósforo al cenicero de la manera más normal del mundo. Los incendiarios
actuaron sin trabas, presuntamente aupados por los vapores del alcohol
consumido en su francachela, sin tomar en cuenta el tamaño y el número de las
unidades que destruyeron sin misericordia.
Nadie estuvo en capacidad de
detener una tropelía contra una comunidad populosa que se ve envuelta en un
enfrentamiento de grandes proporciones que escapa de sus manos. La basura es un
problema general que se debe atender de acuerdo con el sentido común y en términos
civilizados, sin llegar a extremos inconducentes. Tal vez nadie podía detener
el delito, porque nadie podía imaginar los extremos de bárbaro desenfreno a los
cuales puede llegar una pugna política.
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