Mientras discutía las sanciones
para un grupo de funcionarios venezolanos, el Senado de Estados Unidos se
ocupaba de examinar documentos de la administración Bush. En los dos casos
trataba asuntos de derechos humanos. El comentario de los dos negocios permite
una opinión equilibrada en torno a cómo se manejaron en Washington sobre el
aspecto que atañe a Venezuela y sobre las reacciones del régimen bolivariano.
Seguramente el tratamiento del
asunto relacionado con Bush conduzca a respuestas adecuadas. Después de la
lectura de documentos de la CIA y de otros servicios de inteligencia, los
senadores llegaron a conclusiones alarmantes: en Guantánamo se practicaron
torturas a los prisioneros de origen islámico detenidos en sus ergástulos,
procedimientos inhumanos que no escaparon al conocimiento del entonces
presidente George Bush y sobre los cuales se debe tomar una determinación.
Los senadores pudieron callar
ante los delitos denunciados por las páginas que leían, especialmente en una
Cámara controlada por políticos de procedencia republicana; es decir,
partidarios del hombre en cuyos hombros podía caer el peso de la culpa, pero
resolvieron ventilar la espinosa materia en sesión ordinaria para después
entregar los materiales de la discusión al conocimiento de la opinión pública,
para que procediera después el organismo competente. El presidente Obama y toda
la ciudadanía, pero también los jueces, se enteraron formalmente de los pavorosos
suplicios de Guantánamo debido a una decisión de los representantes de los
estados de la unión.
Esos mismos representantes
conocieron denuncias sobre conductas ilegales de funcionarios venezolanos,
también relacionadas con la violación de derechos humanos y con el tráfico de
estupefacientes, y decidieron procurar sanciones aplicables en su territorio,
como la congelación de cuentas bancarias y la captura de quienes se aventuren a
visitarlos. Si pasan por jurisdicción nacional pueden ser encarcelados y sometidos
a juicio. La decisión no permite la aplicación de sanciones en un país distinto
de Estados Unidos, ni medidas extraordinarias contra los funcionarios a quienes
se considera sospechosos de cometer delitos de envergadura.
Así como los congresistas no se
apresuraron en condenar a Bush, sino solo en denunciar sus tropelías, tampoco
toman una postura generalizada sobre Venezuela como nación soberana, y ni
siquiera sobre el gobierno bolivariano en su conjunto. En el primer caso se
detienen en una alarma capaz de conducir a juicios posteriores, y en el que nos
incumbe apenas pretenden justicia para un grupo de supuestos delincuentes, si
Obama convierte en ley lo que es, en principio, un deseo del Capitolio Federal.
El presidente Maduro y los
voceros del oficialismo saben que es así, pero manipulan los hechos para que se
vean como una agresión del imperialismo contra Venezuela entera. Ni siquiera el
expresidente Bush, quien no es un estadista de perspicacia sobresaliente, se
atrevería a hablar de conspiraciones malignas en el destape de Guantánamo.
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