El gobierno enloquece con las
encuestas y con el miedo al desplome económico que podría ser abismal. Los
intentos de magnicidios contra Maduro han sido tantos y tan estrafalarios que
solo son objetos de chistes
El informe del Comité Contra la
Tortura de las Naciones Unidas ha llegado con sus lacerantes condenas contra la
represión de nuestros ciudadanos, el torcido ejercicio de la justicia y el
infierno de las cárceles nacionales justo cuando hemos dado ejemplos
insuperables de su veracidad.
El caso más reciente es lo
acaecido en Uribana, ese sitio maldito en el que en menos de dos años han
sucedido dos inenarrables masacres con decenas de muertos y centenares de
heridos. Pero esta vez con la peculiaridad de que, cuando escribimos estas
líneas, no ha sido aclarada la causa que hizo que más de un centenar de
reclusos ingiriera un compuesto de medicinas que mató a casi cuarenta de ellos
y dañó gravemente a otro tanto.
Y hasta lo peor podemos suponer.
Un vocero del Comité de la ONU había hablado de “tragedia” para referirse a la
situación carcelaria nacional y el informe final de éste señala con todas sus
letras las taras que la engendran que han causado más de cuatro mil muertos y
nueve mil heridos en diez años.
Pero también han sucedido dos
notables ejemplos de la perversidad de la justicia venezolana, a todos sus
niveles. Seguramente auspiciado por el servilismo del Poder Judicial al
Ejecutivo y la precariedad laboral de la mayoría de los jueces, provisionales y
expuestos por ende a inmediata remoción si sus sentencias no son acordes a lo
esperado de ellos, como señala el informe de la ONU que ejemplifica
escandalizado con el caso Afiuni, juez sentenciada en primera instancia por
Chávez; encarcelada, torturada y violada; temible y ejemplar amenaza para los otros
jueces.
Nos referimos ahora a uno de las
decisiones más grotescas del Tribunal Supremo de Justicia (el de Aponte,
Velásquez Alvaray y otros, muchos otros) solicitada por la no menos insana
Fiscalía que es el admitir el antejuicio de mérito contra el diputado Juan
Carlos Caldera por recibir para su campaña parlamentaria Bs 40.000 (sic) de un
empresario privado.
En un país en que las campañas
electorales, atadas a la corrupción, cuestan centenares de miles de millones. Y
en donde el diputado logró probar fehacientemente que la mísera ayuda recibida
tenía que ver con un plan de uno de los más oscuros y torvos personajes que
haya pasado por la política nacional, infiltrado a muy alto nivel, asalariado
de un empresario inescrupuloso que servía al gobierno y que intentaba espiar y
manipular a la oposición, todo ello utilizando medios ilegales.
Caldera fue enjuiciado y los dos
amigotes andan desaparecidos e innombrados. Pero igualmente está el insólito
caso de la investigación de la Fiscalía a María Corina Machado que puede dar
lugar a una imputación por intento de magnicidio contra Nicolás Maduro (sic),
junto a otros varios distinguidos políticos.
Los intentos de magnicidios
contra Maduro han sido tantos y tan estrafalarios que solo son objetos de
chistes. Y en este caso no se ha exhibido una sola prueba que le dé algún
atisbo de verosimilitud. Ni siquiera se hizo tema de prensa o de conversación.
De lo que se trata es de maniatar a una valiente y frontal política que ha
sabido dar la cara a todos los bárbaros atropellos a los que ha sido sometida.
Un ejemplo más del temple del gobierno represivo y torturador que dicen los
expertos de la ONU.
El gobierno enloquece con las
encuestas y con el miedo al desplome económico que podría ser abismal. Da
zarpazos que son efectos de ello. El mundo debe mirar absorto.
talcualdigital.com
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