Las denuncias de brutalidad
policial y de maltratos en las prisiones de Venezuela han encontrado un eco en
las Naciones Unidas, cuyo Comité Contra la Tortura se manifestó consternado el
viernes pasado por las “ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos
policiales o parapoliciales” en el país sudamericano.
Los expertos del Comité
expresaron su alarma ante las “informaciones recurrentes que denuncian actos de
tortura y malos tratos” de arrestados en las protestas antigubernamentales que
estallaron el pasado febrero. Entre los casos mencionados por el Comité hay
“palizas, descargas eléctricas, quemaduras, asfixia, violación sexual y
amenazas, presuntamente para destruir pruebas de las actuaciones de las fuerzas
de seguridad”.
El organismo pidió también la
liberación del líder opositor Leopoldo López, en prisión desde el 18 de
febrero, y del entonces alcalde de la ciudad de San Cristóbal, Daniel Ceballos.
El gobierno venezolano ha
intentado salvar su imagen negando que se hayan realizado actos de tortura o de
abuso por parte de las autoridades, y afirmando que en las prisiones no hay
hacinamiento de reclusos. Sin embargo, el Comité de la ONU ha mostrado cifras y
datos que evidencian lo contrario, y ha pedido al régimen de Caracas que
permita lo antes posible la visita del relator de la ONU contra la tortura y
que deje entrar a organizaciones no gubernamentales a los centros de detención.
El hecho de que en el organismo
mundial hayan prestado oídos a las denuncias de atropellos contra opositores
pacíficos, encarcelamiento de manifestantes en condiciones infrahumanas,
torturas y agresiones a periodistas y defensores de los derechos humanos, no es
una buena señal para el régimen de Nicolás Maduro.
La declaración del Comité de la
ONU es un duro golpe al sucesor de Hugo Chávez y sus políticas de gobierno.
Cuestionado por su pésima dirección de la economía, con un índice de
popularidad en caída libre y disensiones en sus propias filas, Maduro encara
ahora una demoledora acusación internacional que enfatiza el carácter represivo
de su régimen.
El Comité Contra la Tortura debe
seguir presionando a Caracas e investigar los métodos brutales con que el
régimen mantiene su control del poder.
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