El título es de la ONG Freedom
House (FH) en su informe sobre las tendencias en materia de libertades en 95
países del hemisferio durante 2014. En él FH señala a Venezuela de “aumentar de
manera sustancial los prisioneros políticos, mientras sus dirigentes
denunciaban conspiraciones foráneas”, y subraya el grave deterioro de las
libertades civiles y políticas en nuestro país: “La democracia languidece
cuando los regímenes despóticos intimidan, encarcelan y matan a sus ciudadanos
(…). En dos décadas Venezuela pasó de estar entre los mejores evaluados a ser
uno de los últimos del continente. Hoy es una mezcla tóxica de corrupción y
desgobierno (…) con escasez, inflación rampante, aumento de la represión, con
prensa no libre e Internet parcialmente libre”. Maduro “sigue el patrón de
degradar a la oposición política y las voces críticas (...) responde a las
manifestaciones con medidas represivas, arrestos masivos, excesos en el uso de
la fuerza y abusos físicos y psicológicos a los detenidos”, y cuestiona que “Brasil
y otras democracias de la región respondieron al deterioro venezolano con
silencio”.
Human Rights Watch (HRW) acaba de
presentar también su evaluación sobre el respeto a los humanos en 90 países, en
el que muestra el “gravísimo deterioro” de los derechos humanos en Venezuela:
“La acumulación de poder y la erosión de las garantías de derechos humanos han
permitido al gobierno intimidar, censurar y perseguir a sus críticos”.
Cuestiona la fuerza excesiva contra manifestantes desarmados, falta de independencia
del Poder Judicial, atentados contra la libertad de expresión, acoso a
defensores de derechos humanos, pésima condición de las cárceles, erosión de
los derechos laborales; reseña las denuncias internacionales sobre cómo el
gobierno de Maduro intenta acallar a los disidentes y critica que no exista
separación de poderes en Venezuela (“las sentencias que esos poderes emiten a
favor del gobierno son constantes”).
Las violaciones de los derechos
humanos (sobre todo el derecho a la vida) van a empeorar con la resolución de
Min Defensa que, en la práctica, legaliza la pena de muerte y que, a todas
luces, se emite ante el posible estallido del gran descontento popular por la
escasez, inflación e inseguridad. Tal resolución establece el “uso de la fuerza
potencialmente mortal, bien con arma de fuego o con otra arma potencialmente
mortal” como recurso para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad”, y viola
así el artículo 68 de la Constitución que “prohíbe el uso de armas de fuego y
sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas” (El Nacional
29-01-2015). Siguen las detenciones y agresiones contra manifestaciones
pacíficas en Mérida (18 detenidos); Táchira (la GNB agredió a diputados y
concejales opositores), y se extienden hasta las protestas en las colas de los
mercados, epicentro del enorme descontento popular. Siguen violándose los
derechos humanos de los presos políticos. La censura aumentó 88% en 2014
(Espacio Público) y eso incluye las verdades de la Conferencia Episcopal; que
no sepamos de los 248 enfermos de malaria diarios; de la muerte de recién
nacidos y enfermos en todo el país por falta de insumos; del asesinato de 268
de policías en 2014 para robarles el arma, y las 25.000 muertes violentas de
ese mismo año. Por eso la obscena y desmedida agresión de Maduro contra los
expresidentes Pastrana, Piñera y Calderón, porque se convirtieron en
calificados testimonios internacionales del horror que se vive en Venezuela y
de su crisis humanitaria.
La lengua es el castigo del
cuerpo: después de la monstruosa acusación de Maduro contra los tres
expresidentes de estar financiados por el narcotráfico, revienta el escándalo
aireado por el ABC de Madrid y originado en las presuntas acusaciones de
narcotráfico contra Diosdado Cabello de su ex jefe de seguridad (y de Chávez
hasta su muerte) hoy huésped de la DEA y testigo protegido en Estados Unidos.
Las “alegaciones” del teniente de la Armada, Leasmy Salazar, fueron calificadas
de “consistentes” por Washington, al relacionarlas con las “acciones contra el
cartel de los soles que en 2014 sirvieron para suspender la visa a 24 militares
venezolanos”, según dijera el subsecretario para Asuntos Hemisféricos, John
Feeley. A pesar de la censura, el gravísimo affaire no ha hecho más que
empezar. La prensa informa que desertaron hacia Estados Unidos 8 militares del
anillo de seguridad de Maduro. Pero en vez de abrir una investigación que
determine la fundamentación de las denuncias, Nicolás aplica la “solidaridad
automática” y la extiende hasta delitos de lesa humanidad. El Leasmy alabado
por Chávez ondeando la bandera en el techo de Miraflores en abril de 2002, es
ahora un “vendido”, y hasta “pudo haber matado a Chávez en su lecho de muerte
en La Habana”. Ante sordidez tal, Maduro no abre investigación alguna: insulta,
miente y culpa a la oposición y al imperio de la ruina económica y moral del
país (causada por la corrupción y los exprópiese rojos).
Así las cosas, podría ser que el
vituperado imperio, con la ayuda de testigos protegidos, demuestre fehacientemente
que Venezuela es un narcoestado y que, más temprano que tarde, los crímenes de
lesa humanidad se pagan. Remember al general Noriega.
Por: Marta Colomina
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