Los controles o la coerción
expresada como mecanismo de represión – legal, por abuso y totalitarismo por
pérdida del Estado de Derecho, como en el caso de la Ley Precios Justos- pervierte el proceso natural de formación de
precios, quiebra las reglas del mercado eliminando los incentivos naturales del
mercado y depreda su natural eficiencia en el funcionamiento de los mecanismos
de distribución de ganancias y pérdidas propios de cualquier actividad
económica, pero también social y política.
Así desaparecen las virtudes del
sistema de libertad de elegir, mutilando el marco jurídico que define los
contratos, la propiedad y la distribución; desaparece la mano invisible; es
decir, se pervierte el comportamiento del hombre libre que busca satisfacer sus
necesidades en base a eficiencia. Si se corta ese circuito racional, el efecto
neto se trasmite por empobrecimiento absoluto, una situación donde la población
empobrece continuamente.
Venezuela es hoy un ejemplo de
ese proceso de empobrecimiento. Se ha eliminado la razón fundamental por la
libertad económica que se ejerce a través de individuos que actúan bajo el
acuerdo de mutuo beneficio, proceso libre y espontaneo, condición para que la
justicia sea resultado del mercado y no impuesta sin función de costo por un
gobierno que en su empeño por igualar ingresos termina empobreciendo a todos,
como ocurre en Venezuela y la desaparición de la clase media, sustituida por
una porción de mercaderes de la nomenclatura, burocracia, la nueva clase de
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La intervención de ese proceso
espontaneo y autónomo de formar precios, conduce a comportamientos
antinaturales y a la cultura de la ineficiencia, y con ello del empobrecimiento
colectivo. En ese sentido, mediante la coerción se reprimen los incentivos de
los individuos, generando por ello efectos perversos, ya que en lugar de
inducir a los individuos a ser productivos, competitivos y libres, generan un
entorno de menor producción, de servilismo ante el Estado por pérdida de
racionalidad por intercambiar su libertad de elegir por los designios de reglas
coercitivas y /o controles impuestos por gobiernos cuyo objetivo de dominación
se combina con la depredación de la fuerza económica de cada individuo.
Esas reglas coercitivas y de
control convertidas en leyes – contratos violentos, se engendran para agrandar
discrecionalmente el poder político y social de estructuras institucionales del
Estado/Gobierno y colectivos diversos sin contra-balances que someten a la
sociedad a esquemas de dominación servil de un al Estado. La democracia, la
libertad y la propiedad se afectan y se envilecen al perderse el precio como
premio a la eficiencia y al respeto de los contratos, al ser sustituido por la corrupción,
inflación, y otros mecanismos de captura de renta, todos conducentes a
regímenes de despilfarro, derroche y corrupción.
Los administradores del
Estado/Gobierno actúan en ese particular, usurpando un contrato con sus electores y contribuciones fiscales que
no poseen, el marco jurídico que permite que la propiedad sea rentable, sometida
en todo caso al riesgo de sus economías, apartando los mecanismos
redistributivos para que en la distribución entre capital trabajo y ahorro, la
sociedad prospere. Las implicaciones de
estos esquemas de dominación en lugar de amparar a una producción regida por
las reglas de eficiencia y distribución únicas vía mercado, altera las reglas,
al pretender obligar al hombre –naturalmente libre- a reprimir producción e
intercambio en libertad, para satisfacer sus necesidades de manera eficiente.
Es entonces esa coerción,
independiente del esquema impuesto, ley, decreto o intervención en el mercado,
la que deteriora las condiciones de un reparto justo –por esfuerzo e inversión-
en la creación de grupos sociales numerosos, más allá de los naturales
formaciones de “muy ricos y muy pobres” en una sociedad donde estos dos grupos,
son ciertamente minoritarios, con lo cual habríamos hecho de la desigualdad aun
serio incentivo al progreso individual. Lo cual no desmerita, desde luego, que otros mecanismos redistributivos a través
de formas descentralizadas de gobierno local –refiero al principio de
subsidiariedad- sirvan de asistencia a las minorías menos beneficiadas del proceso de distribución.
La coerción, represión de las
reglas del mercado libre, volverá al cuerpo económico social ineficiente e
incapaz de trasmitir al resto del capital humano de cada participante en el
medio social. Ejemplos sobran. Obsérvese a cualquier país donde el capital fue
expropiado, socializado en la historia de la humanidad. URSS, Cuba, e infinidad
de comunidades pre-capitalistas africanas donde el acceso y la producción no
pertenecen a los individuos como en las sociedades de libre mercado.
El caso venezolano es el más
reciente error con talla internacional. Venezuela en 15 años llego a los
últimos lugares en indicadores de transparencia y corrupción, de respeto a derechos de propiedad, de prosperidad, de
respeto a derechos humanos, competitividad, riesgo económico/financiero con
deuda considerada “basura” , moneda envilecida con la mayor inflación en el
mundo que se corresponde con acelerado crecimiento de la pobreza, severa
inseguridad personal; encabezamos índices de criminalidad y deterioro institucional, en la cola del
indicador de entorno amigable para negocios, Estado de Derecho destruido sin
contar con un sistema de balances institucionales; una sociedad que dio un
salto en el vacío hacia estructuras pre-capitalistas típicas de ambientes de
empobrecimiento crónico, llevada por el camino de un proceso político anti
natura.
Por: Alexander Guerrero E
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