Todos los seres humanos tenemos
derecho a la alimentación adecuada y de vivir libres del hambre.
Para la realización de ambos
derechos la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 2000 la
Declaración del Milenio, mediante la cual los Estados se comprometieron a
llevar a la mitad el número de personas que padecieran hambre. La meta se debía
alcanzar en 2015.
Con el propósito de proporcionar
orientación práctica a los Estados en la promoción y defensa del derecho a la
alimentación adecuada, en 2004 la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, FAO, aprobó las Directrices Voluntarias en apoyo
de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, en el
contexto de la seguridad alimentaria nacional.
En la persistente búsqueda de
soluciones para lograr que los Estados hagan realidad el derecho a la
alimentación, en 2009 el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, CSA,
manifestó su aspiración a “un mundo libre de hambre”.
En Venezuela, la seguridad
alimentaria está consagrada en el artículo 305 de la Constitución, y el
artículo 8 de la Ley Orgánica para la
Seguridad y Soberanía Alimentaria, LOSSA, señala: “Todas las ciudadanas y los ciudadanos,
en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela tienen el
derecho a la disponibilidad y acceso oportuno y suficiente de alimentos de
calidad”.
La referida ley precisa el
contenido del derecho a la alimentación: la seguridad y soberanía
agroalimentaria con especial énfasis en el impulso a la producción nacional de
alimentos; la disponibilidad, acceso oportuno, inocuidad y calidad de los
mismos; la participación de los diferentes actores que intervienen en la
producción de alimentos tales como los organismos del Estado, el sector
agroindustrial, los pequeños productores, los campesinos y la comunidad.
Sin embargo, todo ello es teoría.
En la práctica, en Venezuela cada vez es más difícil consumir los alimentos
esenciales, por los efectos devastadores del desabastecimiento y la inflación.
El aprovisionamiento de lo más básico se enfrenta con dos obstáculos: no hay, o
lo poco que hay subió tanto de precio que no se puede comprar.
Además, el derecho a la
alimentación está sustentado en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
en la cual se establece como componente imprescindible de un nivel de vida
adecuado. También tiene fundamento en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Venezuela el 10 de mayo de
1978.
Desde la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha establecido
que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce “cuando todo hombre, mujer
o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en
todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”.
En esa misma línea el Relator
Especial de las Naciones Unidas, Oliver De Shutter, define el derecho a la
alimentación como “el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y
libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación
cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las
tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que
garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de
angustias, satisfactoria y digna”.
En 2004 se creó el Ministerio del
Poder Popular para la Alimentación, en cuya página web se promociona el lema:
“¡En la Misión Alimentación, trabajo en equipo, triunfo seguro!”. Pero, para se
haga realidad el lema gubernamental del triunfo seguro en materia de
alimentación y los venezolanos puedan alimentarse con dignidad, se requiere de
la producción y el abastecimiento suficiente de alimentos y la adquisición de
estos de forma oportuna y permanente.
Se requiere que el gobierno
facilite un entorno propicio en el que las personas puedan desarrollar
plenamente su potencial para producir y procurarse una alimentación adecuada
para sí mismas y sus familias.
Se requiere una base de ingresos
adecuada y, por consiguiente, de la adopción de políticas salariales y redes de
seguridad social que permitan a los ciudadanos poder realizar su derecho a una
alimentación adecuada.
El costo de la canasta
alimentaria se incrementa constantemente, alejándose del salario mínimo.
Además, los precios de muchos alimentos incluidos en esta se calculan, de forma
irreal, sobre la base de los precios de alimentos subsidiados por el gobierno
nacional, que se venden en las redes Mercal y Pdval, todo lo cual genera una fuerte
distorsión.
Se requiere que el gobierno
revierta o revise las expropiaciones, invasiones o adquisiciones forzosas de
tierra e industrias productoras de alimentos que pasaron a ser empresas
socialistas, pues su funcionamiento ha sido ineficaz.
Se requiere una política
equitativa en la operatividad y suministro en la red Mercal y sus operativos a cielo abierto,
pues es indigno que los usuarios tengan que hacer inmensas colas (a veces hay
que agarrar un número el día anterior) para comprar de forma muy limitada sus
alimentos, ya que la adquisición se condiciona a que se compren otros que no
necesariamente son prioritarios para la alimentación en el hogar.
También se requiere la adopción
de medidas para combatir la corrupción, ya que muchos alimentos son negociados
por funcionarios corruptos en el mercado negro. Son constantes las denuncias
que hacen dudar de la calidad e inocuidad de los alimentos que se expenden en
esta red, lo cual constituye una violación uno de los principios fundamentales
al derecho a la alimentación.
Lamentablemente, el derecho a la
alimentación sigue siendo una fábula y su garantía es etérea. En los anaqueles
de los mercados no hay carnes, huevos leche, legumbres, ni frutas. Las
inequidades son de todo tipo: socioeconómico, cultural, geográficas y
políticas, cuyo impacto a la vida digna y salud ya no solo afecta a los grupos
más vulnerables, pues la clase media también se ve golpeada día a día.
La inflación, la pérdida del
poder adquisitivo, la disponibilidad irregular y la escasez de alimentos de la
cesta básica son elementos determinantes de la inseguridad alimentaria, que
emerge como una evidencia adicional de la ineficacia del gobierno.
Comer en Venezuela se ha
convertido en una tragedia. El gobierno, en vez de proporcionarnos los
alimentos para vivir dignamente y hacer efectivo el derecho a la alimentación,
nos tiene comiendo cuentos.
@jesusollarves
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