La pertinaz negativa de Maduro a
liberar a Leopoldo López, un preso político que no ha cometido delito alguno y
cuya libertad ha sido solicitada reiteradamente por la ONU, la OEA, ONG,
numerosos expresidentes, políticos y juristas del mundo, unida a otras muchas
violaciones de los derechos humanos, han acrecentado la convicción, dentro y
fuera del país, de que en Venezuela hay una dictadura. Alberto Barrera Tyszka
en El Nacional (“Los infiltrados”) señala que nuestras instituciones “han sido
desmanteladas” y la sociedad “se encuentra cada vez más sometida por la lógica de
la fuerza”. En ese contexto los “patriotas cooperantes” son una perversión muy
peligrosa. Tanto como la pugna entre los grupos armados del país. Tanto como la
presencia militar, cada vez mayor en todos los ámbitos de decisión. Estamos
ante un gobierno –concluye ABT– que “solo es capaz de pensarse desde la
guerra”. Así, Maduro despoja a la disidencia de sus cargos obtenidos a través
del voto, y lo hace con violencia carcelaria y argucias inconstitucionales
avaladas por los poderes públicos que controla, como ocurrió con María Corina
Machado y los alcaldes Scarano y Ceballos, entre otros muchos.
La abstención de 96% en las
elecciones internas del PSUV prueba el gigantesco desencanto de su militancia
ante el peor gobierno que ha tenido el país. Maduro ha dejado sin efecto las
libertades políticas y económicas y ha eliminado, en la práctica, el derecho constitucional
a la salud, la alimentación y la vida. El coordinador de la MUD, Chúo
Torrealba, declaraba esta semana que el oficialismo “es un edificio que se está
cayendo con el país adentro”, y eso ocurre en medio de una lamentable
dispersión y visibles disputas entre líderes opositores que los debilita como
opción de poder. El diputado Andrés Velázquez reconoce que “aunque el gobierno
está ‘muy débil’, tiene una fortaleza que proviene de la incoherencia, la
división y las diferentes estrategias que ofrece el sector opositor”. Tiene
razón. No hay respuesta enérgica ante las obscenas irregularidades del Comité
de Postulaciones Electorales que fue aprobado por mayoría simple y no
calificada (que requería del voto opositor en la AN); extendieron el plazo de postulación
para que pudieran inscribirse las descalificadas fichas del régimen Tibisay
Lucena y Sandra Oblitas, cuya presencia estimula la abstención deseada por el
gobierno (40% de los aspirantes son del PSUV y 42% trabaja o trabajó en el
gobierno). La lista de irregularidades es enorme. Ante ese panorama aún no
hemos escuchado a la MUD que irán unidos; tampoco que habrá primarias para
elegir a los aspirantes a la AN. Por el contrario, ya algunos hablan de
“consenso”, es decir, de autoelegirse a dedo los “jefes” de los partidos
integrantes. De optar por esto último irán contra las bases que “piden calle y
luchar por el CNE” (El Nacional 23/11/2014) y serán los responsables de una
abstención que permitirá a Maduro eternizarse en una Venezuela tan empobrecida
y dictatorial como Cuba.
Por Marta Colomina. EL NACIONAL.
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