Las noticias que llegan acerca de
millonarias cuentas de funcionarios y ex funcionarios de los gobierno del
presidente Chávez y de Nicolás Maduro reflejan el cuadro de literal
putrefacción de un régimen donde el peculado se ha hecho un modo de vida.
Pareciera que el país hubiese caído en manos de bandas de corsarios que
hicieron del Tesoro Nacional una especie de botín de guerra con enconada
disputa para ver a quién le toca la mayor parte.
Lo que se ha descubierto en
Andorra y en Madrid, donde modestos empleados de ministerios se han
transformado en prósperos empresarios, no por su esfuerzo personal y sus
destrezas para los negocios, sino más por sus conexiones con el gobierno de
turno y donde el contrato favorecedor sustituyó la inversión y el riesgo de la
actividad comercial. Las reseñas de diarios madrileños acerca de comisiones de
más de 80 millones de euros para asesorías orales a la empresa Duro Felguera,
contratista del Estado venezolano, por parte de un ex viceministro de Energía y
Petróleo, no tiene parangón en la historia de este atribulado país.
Las denuncias hechas sobre los
negociados de un ex director de los servicios de inteligencia del Estado,
trocado en flamante hombre de empresa, en cualquier país medianamente
civilizado hubiesen concitado una investigación, por lo menos. En cada uno de
los casos señalados aparece Pdvsa y ello no es casualidad. La razón es la
siguiente: a partir de junio de 2005, con motivo de la Reforma de la Ley del
BCV, llamada la Reforma León-Cabezas por haber sido promovida por el ex
director del BCV Armando León y por el para entonces presidente de la Comisión
de Finanzas de la Asamblea Nacional, Rodrigo Cabezas, se le permitió a Pdvsa
entregarle al ente emisor solamente las divisas que la estatal petrolera estima
conveniente, contrario a lo que venía sucediendo, cuando Pdvsa estaba obligada
a consignar al BCV todas las divisas provenientes de las exportaciones de
hidrocarburos, como lo había propuesto el difunto profesor Gastón Parra
Luzardo, en la Ley del BCV.
De esta manera, los directivos de
Pdvsa encontraron puerta franca para manejar las divisas del país a su antojo y
sin control de ningún tipo. Actuaba Pdvsa como una especie de Estado dentro del
Estado. Ello es lo que explica el extraordinario poder del cual gozó Rafael
Ramírez mientras fue ministro de Energía y Petróleo y presidente de la empresa
estatal de petróleos. No solo tenía esos cargos, sino también era presidente
del PSUV para la región andina. Y, para colmo, se acaba de descubrir que
Eudomar Tovar vicepresidente del BCV firmó contratos por 80.000 euros en favor
del partido Podemos de España.
Lo más indignante de la situación
es que mientras en Andorra, Panamá y España las averiguaciones avanzan para
tratar de identificar el blanqueo de capitales y dar con los cacos, en
Venezuela las autoridades pareciera que todavía no se hubiesen enterado del
desfalco de los fondos públicos, del tráfico de influencias y del consorcio
para delinquir.
Debe recordarse que parte de la
justificación de las asonadas golpistas de 1992 estuvieron motivadas por la
entonces corrupción reinante. Ahora estamos peor y sin instituciones que
investiguen el saqueo al patrimonio público.
Por José Guerra @JoseAGuerra
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