En el asesinato del estudiante
Kluiberth Roa, de 14 años de edad, se violaron todas las reglas. El funcionario
de la Policía Nacional Bolivariana, Javier Mora, y sus superiores ignoraron las
distintas normativas que rigen la actuación de los cuerpos de seguridad del
Estado en el control del orden público. Burlaron los acuerdos y tratados
internacionales que prohíben el uso de armas de fuego para reprimir
manifestaciones. Pisotearon el Manual de Uso Progresivo y Diferenciado de la
Fuerza Policial. También intentan obviar que en estos casos la responsabilidad
es compartida: supervisores, jefes y ministros también son responsables.
A Kluiberth Roa no lo mató un
perdigón de goma
Kluiberth Roa no fue herido por
perdigones de goma. El estudiante fue asesinado con un bala o con perdigones de
plomo, coinciden expertos en investigación criminal. Se trata de un homicidio
intencional. “Imposible causar un daño así con perdigón de goma. No se causa
esa lesión ni de lejos ni a contacto”, aseguró el comisario Luis Godoy, al
referirse a la herida que destrozó el cráneo del estudiante Kluiberth Roa. El
ex policía investigó casos similares de homicidios ocurridos durante
manifestaciones. “Necesariamente la escopeta debió tener un cartucho vivo de 9
perdigones de plomo o una bala rasa. De ser así, esto indica que hubo la
intención expresa de causar daño por parte del funcionario que cargó la
escopeta”, dijo el comisario Elisio Guzmán, ex director del Cicpc y secretario
de seguridad de la Policía de Miranda. La versión que se conoció sobre la causa
de la muerte concuerda también con el hecho de que la herida no fue ocasionada
por perdigones de goma. “Erick Roa, padre del joven asesinado, dijo que el acta
de defunción señala que la muerte fue causada por arma de fuego, sin
especificar cuál”, refirió la periodista Eleonora Delgado en su crónica del
funeral del menor.
La fuerza se salió del manual
El funcionario de la PNB Javier
Mora violó toda la normativa sobre el uso progresivo y diferenciado de la
fuerza policial, al dispararle al estudiante Kluiberth Roa y recurrir a la
“fuerza potencialmente mortal”, saltándose las etapas previas de “persuasión y
diálogo”. “El uso de la fuerza física sólo se justifica ante el agotamiento del
despliegue táctico y el diálogo con sus respectivos subniveles (investigativo,
persuasión, advertencia y amenaza), o cuando las circunstancias impidan su
establecimiento”, dice el Manual de Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza
Policial, elaborado por el Consejo General de Policía. “En el caso de Táchira,
quizás el funcionario no estaba preparado para manejos de manifestaciones”,
dijo el comisario Luis Godoy, que fue miembro de la División contra homicidios
de la antigua PTJ. En la sección referida a las Normas Generales, el manual
explica que: “…todo cuerpo policial debe garantizar y proporcionar la formación
teórica y práctica de los estándares para el uso progresivo y diferenciado de
la fuerza policial, destacando las consecuencias de su indebida o incorrecta
aplicación”. Agrega que los cuerpos policiales son los encargados de velar por
el fiel cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en el manual.
“Todo uso abusivo o arbitrario de la fuerza por parte de miembros de la policía
es una violación a los Derechos Humanos y será investigado y sancionado
disciplinaria y penalmente, por tanto, la funcionaria o el funcionario policial
deben notificar lo sucedido a las autoridades competentes”.
No aplica la legítima defensa. La
responsabilidad es de todos
No hubo legítima defensa y la
responsabilidad es compartida. El estudiante no estaba armado y estaba de
espalda cuando el funcionario le disparó en la cabeza, por lo que no
representaba ningún riesgo para el policía. “Aunque el funcionario es
responsable del hecho y se trata de homicidio intencional, cuando yo mato y
pertenezco a un cuerpo armado, legalmente constituido, hay responsabilidades
colaterales”, dijo Godoy. ¿Quién lo dejó salir con una escopeta? ¿Porque tenía
esos cartuchos? Son algunas de las interrogantes que deben responder los
superiores de Mora. “En esto tiene responsabilidad desde el supervisor de la
brigada hasta el Director de la Policía Nacional y la Ministra de Relaciones
Interiores”, aseguró el ex funcionario de la PTJ. El Manual para el Uso
Progresivo de la fuerza dice: “Los funcionarios superiores asumirán la debida
responsabilidad cuando tengan conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que
las funcionarias o los funcionarios a sus órdenes recurren, o han recurrido, al
uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego, y no adopten todas las medidas a
su disposición para impedir, eliminar o denunciar ese uso”.
Desgarrador testimonio de la madre de Kluiberth Roa
Por Ronna Rísquez
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