La noticia del día hoy nos remite
al polémico decreto, dado a conocer ayer por el Ministerio de la Defensa, donde
se autoriza el uso de armas mortales para reprimir manifestaciones. Son varios
los diarios que dedican a esto sus grandes titulares hoy.
El Norte en Barcelona: “El Estado
autorizó uso de armas de fuego en protestas”.
El Tiempo en Puerto La Cruz:
“Provea: Es violatoria la norma sobre el uso de armas en protestas”.
El Carabobeño en Valencia: “El
gobierno decreta pena de muerte en el país”, es el criterio de Delsa Solórzano,
Coordinadora del Comité de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad. El
Periodiquito en Maracay: “Revuelo por orden durante protestas”. Según
resolución del Ministerio de la Defensa está autorizado el uso de armas
mortales en manifestaciones.
El documento explica que deben emplearse como
último recurso para evitar los desórdenes, apoyar las autoridades legítimamente
constituidas y rechazar toda agresión. La Fiscal General de la República indicó
que el Ministerio Público revisará la resolución del Ministerio de la Defensa.
El Defensor del Pueblo rápidamente justificó la norma alegando que el uso
progresivo y diferenciado de la fuerza es para preservar la paz.
El diario Últimas Noticias le da
espacio a Tareck William Saab: El Defensor del Pueblo afirmó que la disposición
mantiene claramente la prohibición del porte y uso de armamento para controlar
reuniones públicas pacíficas. Según lo que se leyó en la prensa no fue así.
Sobre el particular, nos llama la atención la opinión del Alcalde
de Baruta y abogado constitucionalista, Gerardo Blyde, en sus declaraciones a Unión Radio: “la norma
no es mala pero tiene algunas partes que se deben corregir”. Blyde aseguró que
el reglamento emanado del ministerio de la Defensa deriva de la Ley Orgánica de
la Fuerza Armada Nacional y de principios constitucionales. “A veces la gente
extrae un artículo con las pinzas y hace un escándalo y no estamos para eso,
hay que ser responsables”.
Una opinión también muy
particular es la que emite la experta en asuntos militares, Rocío San Miguel,
la abogado expresa: “La norma es ambigua pero en principio no es del todo malo”
Recordemos, ayer lo leímos en la
primera página de El Nacional, y en lo personal nos causó estupor. ¿Cómo es que
ahora se pasa directamente a autorizar armas de fuego? Si cuando éstas no se
autorizaban y se permitía utilizar perdigones y lacrimógenas, hubo los muerto
que hubo y el desmadre que se dió. Tanto así, que por ejemplo, Human Rights
Watch en su informe 2014 sobre Venezuela dice: “Hay uso excesivo de la fuerza
en las protestas en el país. Se usó munición real contra manifestantes. Las
fuerzas de seguridad usaron rutinariamente y de forma ilegal la fuerza contra
manifestantes desarmados.” Eso era antes del decreto, ahora con el decreto
¿cómo será la situación?.
La reflexión la hacíamos ayer, sobre todo,
teniendo fresco en la memoria los sucesos del caracazo, cuando jóvenes
soldaditos inexpertos traídos del interior, muy nerviosos, armados con su fal,
terminaron disparando contra las multitudes. Los soldados, dicen todos los
expertos, el ejército, no está para manejar asuntos de orden público, no lo
sabe hacer. El ejército sólo sabe combatir a un enemigo.
Sacar al ejército a la calle es
pensar entonces que la calle de los venezolanos es el enemigo. Y a ello fue que
apuntó la mancheta del diario El Nacional en el día de ayer: “La Fuerza Armada
Nacional está considerando a los venezolanos como enemigos”. Eso ha provocado
la reacción del Ministro Padrino López, quien en un tuit ha dicho, y el mismo
diario El Nacional lo publica en primera página: “La Fuerza Armada Nacional
Bolivariana reitera que está hecha de venezolanas y venezolanos y rechaza la
vil tendenciosa mancheta de El Nacional”
Por lo pronto se dice: “Padrino
López ha creado un Estado de Excepción al margen de la constitución. Activistas
de Derechos Humanos consideran que la resolución del Ministerio de la Defensa
que autoriza el uso de armas mortales en el control de manifestaciones y
reuniones públicas, constituye la instauración de un estado policial”.
Más allá de las consideraciones
legales, constitucionales, en la práctica hay una realidad. Sin ese decreto
tuvimos muertos y heridos ¿qué pasará ahora con ese decreto en la calle? Y,
además, ¿por qué el General Padrino suelta el decreto? ¿Qué está sospechando el
General Padrino, en particular, y el
gobierno, en general, que habrá de ocurrir en las calles venezolanas en los
próximos días?
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