Cuando se está en el poder, el
rechazo a la crítica es frontal y decidido, en la absurda pretensión de impedir
cualquier comunicación que pueda afectar de alguna manera la imagen del Jefe
Supremo.
Hay libertad de expresión para
quien manda, en forma tal que su lenguaje y sus discursos, por más ofensivos
que puedan aparecer, como lo ha señalado una decisión de la Sala Plena del
Tribunal Supremo de Justicia, ante una denuncia contra el presidente Chávez por
instigación al odio, sentenció que sus expresiones duras, descarnadas y de
franca instigación a la violencia, como “en el supuesto que esta minoría
fascista logre llenar de violencia las calles les pasaremos por encima”…
“y no
quedaría piedra sobre piedra de esta apátrida oligarquía”, debían ser interpretadas
a la luz de la libertad de expresión de ideas y pensamientos “válida no solo
para informaciones o las ideas acogidas con favor y consideradas inofensivas o
indiferentes, sino también para aquellas que pudieran considerarse como
chocantes e inquietantes”, añadiendo en alguno de sus párrafos que “en el campo
de la semántica el significado de las palabras no resulta siempre igual al
contenido que le da quien expresa sus
ideas”.
Al contrario, el Ministerio
Público, en su acusación contra Leopoldo López, hace referencia al ethos
discursivo que posee este dirigente político “que domina e incide sobre el
ethos de sus destinatarios”, de manera que todo lo que les diga “ejercería una
fuerte influencia, no solo en su manera de pensar sino en las potenciales
acciones que los destinatarios puedan realizar”.
Por lo expresado, surge la obvia
conclusión: no puede censurarse al gobierno ni a sus representantes, que gozan
de “inmunidad” y son “inviolables” en su libertad para expresarse; pero, por el
contrario, incluso cuando se citan fuentes autorizadas que, en todo caso,
asumen la autoría, en ejercicio legítimo del derecho a informar sobre asuntos
de interés concernientes a personas públicas del gobierno, corren el peligro de
ser objeto de acciones y amenazas judiciales.
Ante esta intolerable situación
no quedaría otra salida, a los fines de
precaver persecuciones y el inminente peligro para libertad, en aras de la
“seguridad”, que el silencio informativo sobre cualquier tema o asunto que
tenga que ver con el poder y quienes lo ejercen.
A esto se pretende llegar por las
más diversas vías, que van desde la abierta censura o eliminación de crónicas
indeseables, hasta el cambio de línea editorial por la compra-venta de medios,
pasando por las restricciones económicas, los procesos penales contra editores,
usuarios de redes sociales y portales informativos o el más descarado silencio
que viola uno de los derechos más preciados de una sociedad democrática, como
lo es el derecho a la información, ni siquiera susceptible de ser suspendido en
estados de excepción, según el artículo 337 de la Constitución.
Es cierto que la libertad tiene
riesgos y puede producir abusos que deben ser corregidos, pero ello en nada es
comparable a los riesgos y peligros del silencio informativo, cómplice, en
todos los tiempos, de los más abominables atropellos a la dignidad humana.
Por: Alberto Arteaga Sánchez
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