El martes 27 de enero fue
publicada en Gaceta Oficial una resolución del Ministerio del Poder Popular
para la Defensa, donde se autoriza el “uso de la fuerza potencialmente mortal,
bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal” como mecanismo
para garantizar el “orden público, la paz social, convivencia ciudadana”, etc.,
etc.
No hace falta hablar de la
contravención flagrante al art. 68 de la Constitución que prohíbe textualmente
lo que la mencionada resolución pretende permitir. Pero, ¿Cómo no se percata el
Ministro de la Defensa que está dictando un acto administrativo evidentemente
inconstitucional? ¿Porqué autorizar o legitimar actuaciones que los cuerpos de
seguridad del Estado vienen desarrollando de hecho?, y peor aún, ¿Cuál es la razón
para hacer manifiestamente pública esta inconstitucionalidad?
Para entender como funciona un
régimen totalitario (bien sea comunista, socialista, fascista, da lo mismo) hay
que sentar unos principios para interpretar sus acciones, cual es su motivación
y finalidad. Los regímenes comunistas intentan de implantar una especie de
mundo al revés, donde nada es lo que
parece, y cuando creemos que una intención no puede ser más transparente, hay
que dudarla, pues seguramente esa certeza es el disfraz perfecto para sus fines
ocultos.
Entonces, ¿Qué debemos pensar
cuando un Estado que viola sistemáticamente derechos humanos viene un día con
una resolución que autoriza el uso de armas de fuego para reprimir
manifestaciones pacificas? La respuesta más obvia es que el Gobierno quiere
valerse de armas potencialmente mortales para dispersar protestas, y pretende
hacer pública su intención como mecanismo de represión anticipado para poder
así evitar que se configure un clima de protestas generalizado que lo ponga en
la palestra pública internacional, tal como ocurrió a principios del 2014;
pero, que este año, por la intensificación del descontento, ese ambiente si
puede ser capaz de privarlos finalmente del poder. Esta hipótesis es
absolutamente lógica y consistente con la agenda revolucionaria, y seguramente
es el propósito que tuvieron en mente quienes dictaron la controversial
resolución.
Sin embargo, como dije, las
intenciones comunistas nunca son transparentes, y con un Gobierno como el
venezolano (cuya supervivencia guinda de un hilo) hay que ser extremadamente
escéptico y desconfiar de cualquier señal que nos mande. Mi suspicaz opinión es
que, ante la delicada situación política, económica, social (y ahora hasta
alimentaria) el Gobierno no tiene mecanismo para ocultar su ineficiencia, no
tiene excusa para justificar a donde fueron a parar cientos de billones de
dólares, cómo la implantación de un sistema de planificación central nos llevó,
en el medio de la bonanza petrolera más grande de la historia, a una potencial
hambruna.
No hay nada más peligroso que un
pueblo hambriento, y cuando llegue la desesperación, ellos saben a quien se van
a ir a comer vivos. El Gobierno necesita de un hombre de paja, y hará uso de su
hegemonía comunicacional e inmensa maquinaria propagandística para crear un
enemigo común, un pretexto para atribuirle la causa de la escasez, en fin,
doblar la verdad para encontrar el “culpable” del hambre.
La creación de este enemigo común
se facilita si surge un ambiente de caos análogo al de febrero-abril de 2014.
De esta manera, la causa de la escasez será la anarquía y no la ineficiencia
gubernamental; el enemigo común no será el Estado sino los mercenarios
guarimberos financiados por las mafias capitalistas; la solución será la
eliminación de los complots internacionales obsesionados con asesinar a Maduro,
y no la erradicación de un modelo político-económica que ha demostrado ser,
reiteradamente, obsoleto.
Cual sería su salida: incitar a
la gente a manifestar, a los temerarios que quieran poner en prueba esta
resolución, aun cuando sabemos que el Gobierno no necesita de habilitación
normativa para violar derechos humanos, ya que lo viene haciendo desde hace
años. Aun cuando se trate de una protesta espontanea o insignificante,
cualquier muerte, aunque sea de un manifestante será más que suficiente para
encender la mecha que nos conduzca a su añorada anarquía. Así, el Estado
logrará su propósito, desviará la opinión pública de la escasez y el hambre,
hacia al desorden, la represión y la muerte; pues para ellos es menos
vergonzoso el segundo escenario que el primero. Entonces, el fin de la
resolución no sería prevenir las manifestaciones, sino más bien de excitarlas.
Sé que esta hipótesis puede
parecer un poco disparatada, incluso rebuscada. Pero quiero recalcar el
sinsentido jurídico de la resolución emitida por el Ministerio el Poder Popular
para la Defensa el pasado 27 de enero. Lo demostraron durante los hechos de
febrero-abril de 2014, ¿Acaso necesitaron de alguna normativa para el uso indiscriminado
de la fuerza en ese entonces? La resolución no sólo carece de fundamento
jurídico (por ser manifiestamente inconstitucional), sino que además de ser
arbitraria es innecesaria, si algo hemos aprendido en estos 15 años es que no
hay ley que limite o que guíe la actuación del Estado venezolano. La razón de
esa resolución, repito, es provocar, incitar la manifestación para instigar la
anarquía, para que sirva como pretexto de la crisis (económica).
Puede que mi teoría resulte
desacertada, pero mi propósito no es predecir el nublado futuro venezolano,
sino reiterar la desconfianza que genera todo mensaje emitido por el Gobierno.
No se puede creer que el verdadero propósito que se desprenda de la mencionada
resolución sea el más obvio, y esto aplica, mutatis mutandi, para cualquier
otro mensaje del Estado venezolano. Es sumamente ingenuo pretender que los
fines de este Gobierno sean tan transparentes y evidentes.
En fin, no quiero proporcionar
respuestas, lo que quiero, por ahora, es sembrar una duda.
@ahobaica
Por: Andrés E. Hobaica
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por participar en esta página.
@Mivzlaheroica