José Miguel es un joven Técnico
Superior Universitario en Gerencia Pública. Recientemente cumplió 30 años de
edad, no pudo celebrarlo con su familia ya que se encuentra recluido desde el
22 de abril del 2014 en la torre 4 del centro penitenciario Yare III . Con alma
de periodista, dedicado a las labores sociales y curioso por las noticias y los
trabajos de investigación siempre quiso estudiar Comunicación Social, sin
embargo se graduó en Gerencia Publica.
José Miguel es uno de los nueve
privados de libertad en la madrugada del 22 de abril tras los allanamientos
realizados en Caracas, en su caso particular en Sabana Grande.
"Al salir de aquí buscaré
cupo para estudiar periodismo, hay que hacer trabajos de investigación en el
sistema penitenciario, seria el primero" dijo mientras esperaba en uno de
los calabozos del Palacio de Justicia.
Los cargos que se le imputan a
José Miguel son:
Atentado contra la seguridad en
la vía, tipificado en el encabezamiento del artículo 357 del Código Penal;
instigación a la desobediencia de las leyes e intimidación pública, tipificados
en los artículos 285 y 296 del mismo Código, respectivamente; y el delito de
asociación para delinquir, previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra
la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, dicta una nota de
prensa del TSJ.
La repentina delgadez de José
Miguel es preocupante.
Información publicada el 27 de
abril del 2014 en "El Universal":
Abogado defensor de familia
investigada también quedó preso por Elisa Vásquez
Nueve detenidos en los
allanamientos que condujo el Ministerio de Interior, Justicia y Paz con motivo
de las barricadas estarán privados de libertad por al menos 45 días, cuando la
Fiscalía deberá presentar las pruebas que sustenten sus acusaciones.
La medida se acordó a las 4:00
a.m. de ayer, después de una audiencia de 11 horas en el Juzgado Noveno de
Control. Los detenidos son acusados por la Fiscalía de asociación para
delinquir, que de acuerdo a María Fernanda Torres, abogada defensora, es un
delito previsto en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada que merece
pena de 10 años de cárcel. "La Fiscalía considera que todas estas personas
tenían una organización para el cierre de calles en Caracas a pesar de que
ellos alegan no haberse conocido sino hasta el inicio de este
procedimiento", explica Torres.
Dentro del grupo de privados de
libertad se encuentran Ignacio Porras y Marling Márquez, esposos cuya
lavandería fue allanada en Chacao, y Jordyn Ruiz y Marcos Guillén, amigos de la
pareja que se encontraban en el lugar.
Los otros acusados son Jesús
Pérez, residenciado en Bello Monte, José Aguilera, habitante de Sabana Grande,
Ramsés Rodríguez Weffer, de El Valle y Jacquelin Muñoz, de Chacaíto. Todas sus
viviendas fueron allanadas. El noveno detenido es Marcelo Crovato, abogado que
se acercó al allanamiento de Porras para prestarle asistencia legal.
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Información publicada en "El
Nacional" el 06/05/14 por Álex Vásquez
Agente encubierto incriminó a
abogado del Foro Penal
Utilizar agentes encubiertos se
ha vuelto un patrón en los casos en los que se detiene a personas por hechos
relacionados con las manifestaciones desde el 12 de febrero. Tal es el caso de
Marcelo Crovato, abogado colaborador del Foro Penal Venezolano, que “está
detenido por una supuesta grabación en la que un sujeto declara que en una
reunión del Foro Penal se instigaba a los ciudadanos a continuar con las
guarimbas”.
Así lo explicó su abogado Aníbal
Ruiz Alvarado, quien asegura que el caso está lleno de irregularidades. La
primera, que la persona que incrimina a Crovato sea un agente encubierto: “No
había justificación legal para utilizar agentes encubiertos, pues solo se
pueden emplear cuando se trata de casos graves como terrorismo, trata de
blancas, legitimación de capitales, drogas o tráfico de órganos”.
Por ninguno de esos delitos
imputaron a su defendido, aseguró, sino por instigación a delinquir,
obstrucción de la vía pública y posesión de elementos incendiarios. Aclaró que
Crovato no tiene que ver con los delitos que se le imputan.
Otra irregularidad es que se detenga
a un abogado mientras ejerce su trabajo, pues Crovato asesoraba a los
ciudadanos Ignacio Porras y Marling Márquez cuando allanaban su vivienda en
Chacao. Funcionarios del Cicpc le pidieron luego que los acompañara y fue
detenido junto con Porras y Márquez en la División Antiterrorismo del Cicpc.
Ruiz recordó que cuando se usan
agentes encubiertos deben tener un nombre temporal durante el proceso judicial,
pero en el expediente de su defendido solo aparecían como “agente 1” y “agente
2”.
“No se puede usar agentes
encubiertos en este tipo de casos. Los funcionarios tienen una responsabilidad
civil, penal y administrativa; no tienen una patente de corso”, expresó.
Patrón. Ruiz aseguró que existe
un patrón de utilización de agentes encubiertos en las detenciones de personas
por las manifestaciones. “Hay un patrón de testigos que se identifican como
agentes encubiertos y nunca se sabe quiénes son. Pasó en Chacao, en el caso del
hotel Savoy, en El Valle, en Chacaíto y en Sabana Grande cuando han hecho
allanamientos a viviendas”, señaló.
Indicó que su defendido fue
director de una cárcel con este gobierno, por lo que no puede ser trasladado a
una prisión común; sin embargo, lo llevaron al Rodeo.
El 22 de abril el ministro de
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, dijo ese día en
la madrugada hicieron tres allanamientos en Chacao, en los que decomisaron
“armas y drogas”. En uno de esos procedimientos fue detenido Crovato. “Soy
abogado del Foro Penal. Fui a atender a una persona que la estaban allanando
por guarimba. Ahora me quieren detener”, escribió en su cuenta de Twitter
alrededor de las 9:00 am.
Agresiones
El Colegio Nacional de Abogados
anunció que marchará en mayo para rechazar las agresiones contra agremiados por
cuerpos de seguridad del Estado.
Un ejemplo de las agresiones que
rechazan las vivió Tailandia Márquez Rodríguez, integrante del Colegio de
Abogados, que denunció que el 16 de abril sufrió torturas de funcionarios del
Cicpc cuando se disponía a asistir a un defendido (que no puede nombrar).
Señaló que cuando trató de
ponerse en contacto con su defendido, la mandaron a esposar, la llevaron a una
sala y tres mujeres la golpearon. Aseguró que le halaron el cabello, que un
hombre le hizo una llave en el talón y le ocasionó un esguince y que luego la
llevaron a la subdelegación de El Paraíso, donde le hicieron un examen
toxicológico. Ibeth Lugo, presidente del Colegio Nacional de Abogados, exigió a
la Fiscalía que se investigue y se establezcan las responsabilidades del caso.
Dijo que no es la primera vez que reciben una denuncia de ese tipo, que se ha
repetido en varios estados del país.
El Dato
William Jiménez, del equipo de
Derechos Humanos del Colegio de Abogados, dijo que en todo el país se han
registrado más de 10 agresiones contra agremiados que defienden a personas
detenidas por las manifestaciones. Denunció que funcionarios evitan que los
imputados escojan a su defensor de confianza, lo cual viola el COPP.
fin de la
cita-----------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: @QuienesSon2014
WEBMASTER: LOCAVE
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