CONCIERTOS TRUNCADOS

La Fundación que rige al “Sistema” se creó en los años ’70, ganando varios premios desde entonces y el reconocimiento de la UNESCO. Hoy cuenta con un grupo de jóvenes y adultos docentes musicales, a quienes se suma desde 2007 la infraestructura aportada desde la Misión Música –creada por el fallecido Presidente Chávez-

Somos 30.000.000 de habitantes en Venezuela y en muchas familias, hay un caso de muerte por el hampa. Los recientes dos casos de asesinato de integrantes del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, desnuda la incapacidad del Estado para hacer frente a un flagelo que diezma uno de los mejores productos sociales que pudiera exhibir el país: el logro de la masificación musical.

Si bien la organización nacional de orquestas infantiles o sencillamente “El Sistema”, ha generado admiración y reconocimiento internacional al Maestro Abreu, su creador, y al famoso director  Dudamel, su pilar es la forma como se integra y funciona. Además, están el esfuerzo y sacrificio de sus participantes y sus familiares. 

Buscar a la chiquillería en el colegio, llevarla a clases de música en los 400 y tantos núcleos orquestales expandidos por el país, comprarles instrumentos y repuestos, acompañarles, motivarles a hacer las tareas diarias y llevarles a las presentaciones, se convierte en un modo de vida para la familia de cualquier miembro del “Sistema”.

La Fundación que rige al “Sistema” se creó en los años ’70, ganando varios premios desde entonces y el reconocimiento de la UNESCO. Hoy cuenta con un grupo de jóvenes y adultos docentes musicales, a quienes se suma desde 2007  la infraestructura aportada desde la Misión Música –creada por el fallecido Presidente Chávez-. En el caso de Caracas, cuenta con el apoyo de las unidades de Metro Bus y personal de seguridad, mientras que en el interior del país, Gobernaciones y Alcaldías también brindan ciertos aportes. Un atributo de esta organización es que congrega niños, niñas y jóvenes de diversos estratos sociales, difuminando parcialmente las diferencias propias de quienes tienen más o menos recursos económicos, así sea durante el tiempo en que se ejecutan las interpretaciones musicales.

Pero todo ese esfuerzo cae cuando muere asesinado por el hampa un niño, niña o adolescente miembro del “Sistema”. Queda una silla vacía en la orquesta y se desarmoniza el coro, que no cuenta más con esa voz que se fue a manos de la delincuencia.

Se vuelven incompletas las tardes de la semana, ahora sin el corre - corre de la familia para llegar a tiempo a la clase de música. Se trata de un instrumento que no suena más. Un canto que enmudece. Se acaba la expectativa por el próximo concierto.

Ante ese grito silencioso que representa la muerte de una esperanza musical del “Sistema”, está una sociedad atónita y adolorida, que día tras día se ha ido acostumbrando a ir a velorios y entierros de personas muertas por la delincuencia. Es un hecho que se produce con cada vez mayor frecuencia. Una semana fue alguna amistad, la otra un ex compañero o compañera de trabajo, el mes pasado alguien del vecindario y otro día un familiar.

La muerte violenta es una tragedia, pero la desdicha aumenta cuando es producto de la delincuencia venezolana que se cobija en la impunidad. Y es allí donde se centra la responsabilidad de la administración de justicia, fiscales y policías. Es por la impunidad con que actúa la delincuencia, que el Estado venezolano tiene compromisos en hechos como esos.

El Estado es el garante del derecho a la vida y del acceso a la justicia. Es la estructura obligada a imponer las sanciones a quienes infringen la ley, comenten delitos y ciegan la vida a niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, artistas, personas adultas, estudiantes en las universidades, deportistas, adultos mayores.

Además debe hacer cumplir los pactos y tratados que protegen a las víctimas y familiares de víctimas de la violencia delincuencial. Para ello, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, como instituciones creadas para velar porque se cumplan estas obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, deben acelerar sus actuaciones y coadyuvar al cese de la impunidad, junto con el Poder Judicial.

El Estado tiene la palabra.

Por: María Esperanza Hermida